Génova apoyará al presidente de Murcia aunque le imputen

El PP dice que confía en Pedro Antonio Sánchez y seguirá sosteniéndole como presidente regional y autonómico salvo que se le abra juicio oral. Creen que no ocurrirá.

La dirección del Partido Popular sostendrá al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, incluso en el caso de que sea citado a declarar como investigado, la figura que antes se conocía como imputación, por la «trama del Auditorio» de Puerto Lumbreras o por el «caso Púnica», por el que se le ha abierto una causa en la Audiencia Nacional. Génova mantendrá su apoyo a Pedro Antonio Sánchez al frente del PP regional y también como presidente autonómico. Y anticipa que no se plantea revisar ese respaldo salvo en el caso de que se produzca la apertura de juicio oral, es decir, de acuerdo con el límite que marca su propio reglamento interno. Están convencidos de que no se llegará en ningún caso a esa situación, y alegan, entre otros motivos, las demás denuncias a las que ha hecho frente y cómo todas ellas han acabado archivadas.

En el reciente Congreso Nacional del PP no introdujeron ninguna modificación sobre cuál es el umbral para echar a un político afectado por delitos de corrupción con la justificación de que siguen considerando que, por el principio de presunción de inocencia, la apertura de juicio oral es el momento en el cuál deben transformar un expediente informativo en disciplinario y tomar medidas. Esto no coincide con el acuerdo de investidura a nivel nacional que firmaron con Ciudadanos en agosto del pasado año, pero desde Génova aclaran que este pacto es de ámbito nacional y no regional.

Las circunstancias en las que falleció la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá reabrieron el debate sobre en qué momento procesal deben asumirse responsabilidades políticas. Con Barberá, que falleció de un infarto en un hotel madrileño, la presión política y mediática llevó a que la dirección popular desoyese sus normas internas y cediese en la demanda de apartarla del partido justo en el momento en el que se le abrió una investigación en el Tribunal Supremo por la causa por presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal del Consistorio valenciano.

El desgaste por la situación en la que se encontraba la política valenciana se mezcló con la negociación de la investidura y acabó resultando insoportable para el PP, que cedió no sólo en lo formal. De hecho, Barberá contaba que lo que más le había dolido no era la decisión de su partido de retirarle su apoyo y enviarla al Grupo Mixto en el Senado, sino el comportamiento personal de sus propios compañeros. El PP acaba de renovar sus Estatutos en el Congreso del pasado fin de semana, pero su tesis es que se debe echar a un político cuando se abra juicio oral. No obstante, sí introdujeron otros gestos en materia de lucha contra la corrupción y de compromiso con la regeneración democrática. Ahí se enmarcan lo que plantean como la exigencia de una «declaración de idoneidad», que tendrán que presentar todas las personas que quieran formar parte de las listas electorales del partido, con un resumen de la declaración del IRPF y una declaración de bienes y actividades.

El PP también ha constituido a partir de este Congreso la Oficina del Cargo Popular, un órgano integrado por entre tres y cinco personas que no pueden ser cargos públicos del partido. Según explicó en el cónclave el nuevo coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, la medida está dirigida a «poner el acento no en cuándo echar a alguien del partido, sino en cómo evitar que se cometan irregularidades».

Respecto a la situación del presidente murciano, la dirección popular asume que se enfrenta a un escenario en el que la presión política será muy grande e irá a más. Pero de llegar a colocarse en el peor de los escenarios, que Ciudadanos le retirase su apoyo, del que depende la estabilidad del Gobierno murciano, Génova insiste en que su intención «a priori» es seguir sosteniéndole. «Habrá que ver, pero nuestra intención es que aguante», aclaran. Su caída exigiría una moción de censura con el apoyo de Ciudadanos, PSOE y Podemos, un escenario de acuerdo entre estas fuerzas que se presenta también muy difícil. Y con eso cuenta el PP.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, insistió ayer en que si el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJC) formaliza la imputación del presidente de esa comunidad por el caso Púnica «tendrá que dimitir, cumpliendo el acuerdo de investidura y sus propias palabras». «Él ha dicho que si le imputan formalmente abandonará su cargo y yo secundo sus palabras», argumentó.

Desde el Gobierno de Murcia se limitaron a trasladar una imagen de tranquilidad. «Pedimos máximo respeto a la Justicia para que todo se aclare cuanto antes».

Por su parte, el coordinador general del PP defendió en La Sexta la autonomía de la Fiscalía General del Estado. «Entre la Fiscalía hay momentos en los que habrá diferentes opiniones y eso es normal y lógico», comentó.