Golpe a la corrupción municipal

Detenidas once personas, entre ellas el ex asesor de campaña de Puigdemont, por adjudicaciones irregulares.

La Guardia Civil puso ayer en marcha una nueva macrooperación contra la corrupción que afecta a más de una veintena de ayuntamientos y que concluyó con la detención de once personas, entre ellas el que fuera jefe de campaña de Carles Puigdemont a la Alcaldía de Gerona y ex alcalde de Anglés, Josep Manel Bassols (CDC), quien ya fue arrestado en octubre de 2015 en el marco de la investigación de la supuesta financiación irregular de Convergència mediante el pago de comisiones por parte de contratistas de obra pública.

Entre los detenidos en la «operación Térmyca» también figuran, entre otros, el ex alcalde de l’Ametlla de Mar (Tarragona) Andreu Martí (CDC), del que la Guardia Civil sospecha que trasladó a Andorra los beneficios supuestamente ilícitos obtenidos; Jaume Beltrán, asesor del Ayuntamiento de Torredembarra; la ex interventora de Torrejón de Ardoz (Madrid) Lucía Mora (los agentes registraron su despacho en el Ayuntamiento de Trillo), y directivos de las empresas situadas en el epicentro de la supuesta trama corrupta: Antonio Martos (Efial Consultoría) y Ramón Solé y Blas Acosta (CGI).

Durante todo el día, más de 400 agentes efectuaron 37 registros (quedan pendientes otros once para hoy) en diez provincias, y también en Andorra, por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, instructor del «caso del 3%», a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que, sin embargo, según las fuentes consultadas no ve indicios de financiación irregular de partidos en las actuaciones investigadas. Los agentes no hallaron cantidades significativas de dinero en efectivo.

La operación incluye la entrada y registro en catorce domicilios, siete despachos, doce sedes de sociedades mercantiles, siete de entidades públicas y en ocho ayuntamientos de Tarragona (Tortosa, Ascó, Vandellós y l’Ametlla de Mar), Madrid (Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón) y Guadalajara (Trillo) en busca de documentación relativa a supuestos contratos amañados con la consultora Control de Gestión de Ingresos (CGI), ya investigada en la «operación Púnica» por adjudicaciones bajo sospecha con el Ayuntamiento de Valdemoro entre 2007 y 2013.

En la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz se investigan adjudicaciones que podrían afectar al que fuera alcalde del municipio entre 2007 y 2015, Pedro Rollán (PP), actual consejero de Transportes del Gobierno de Cristina Cifuentes. Mediante un comunicado, el actual Gobierno municipal asegura que el Ayuntamiento gobernado por PSOE e IU adjudicó a CGI un contrato para gestionar la recaudación ejecutiva en 2001, que renovó en 2005 y que el actual Ejecutivo municipal rescindió en 2010.

Pero, además de los registros, el Instituto Armado ha reclamado información relativa a diversas contrataciones con CGI y su antecesora, Efial Consultoría, a otros 15 ayuntamientos, entre ellos el de Barcelona y Gerona, una solicitud de documentación, la de este último, que se remonta a 2009 y afecta a los años en los que el actual presidente de la Generalitat fue alcalde de la ciudad (entre 2011 y 2015). Sin embargo, fuentes de la investigación desvinculan a Puigdemont de las posibles irregularidades. La portavoz de la Generalitat, Neus Munté, aseguró ayer que el president «nada tiene que ver» con las adjudicaciones y explicó que la información solicitada hace referencia a unas auditorías sobre el servicio de suministro de agua que ya fue remitida a la Oficina Antifrau de Catalunya, informa Efe. Otros consistorios a los que la Guardia Civil ha requerido información sobre expedientes de contratación son los de Linars del Vallés y Masquefa (Barcelona), Cambrils (Tarragona) La Seu d’Urgell (Lérida), Calonge (Gerona), Alaior y Soller (Baleares), Velilla de San Antonio, Collado Villalba y Getafe (Madrid), Benicàssim (Castellón), Palos de la Frontera (Huelva) y Armilla (Granada).

La Fiscalía Anticorrupción investiga la posible comisión de delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude a la Administración e infidelidad en la custodia de documentos.

La «operación Térmyca» deriva, por un lado, de la investigación de la «operación Petrum» que arrancó en 2014, tras la denuncia de una concejal de ERC, en el municipio tarraconense de Torredembarra y que desembocó en el registro de la sede de Convergència y de su fundación CatDem y a la detención del tesorero de CDC, Andreu Viloca. Y, por otro, de las denuncias de varios ex concejales y alcaldes de Ascó y l’Ametlla de Mar ante la Fiscalía de Tarragona, que se judicializaron en los juzgados de Tortosa, Gandesa y Reus.

La Guardia Civil reparó en que el modus operandi para los supuestos amaños de adjudicaciones en favor de Efial se habría exportado a otras provincias españolas «creando un entramado similar», pero en este caso a través de la empresa que absorbió a Efial, CGI.