Guerrero: «Por lo visto, la Junta era yo»

«Aquí nadie sabía nada, todo el mundo era tonto», dice el ex director general de Trabajo

El objetivo era claro, incluso previsible: defender la legalidad de lo actuado. Con ese propósito enfiló ayer la calle sevillana que desemboca en los juzgados el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero para declarar por sexta vez en el marco del «caso ERE». Salió, tras una media hora de interrogatorio, «razonablemente satisfecho», aunque con un mensaje que transmitir a quien quisiera escucharlo: «Aquí nadie sabía nada, todo el mundo era tonto y nadie ha estado en su puesto. Por lo visto, la Junta era yo», trasladó a este periódico al término de su comparecencia. Era una réplica sin nombrarlos a ex consejeros socialistas investigados en el «macroproceso» como José Antonio Viera, Francisco Vallejo o Manuel Recio, quienes en sus recientes visitas al mismo escenario judicial se desvincularon de lo sucedido en sus respectivos departamentos.

Guerrero estaba llamado a dar explicaciones esta vez por un presunto «desvío» de fondos públicos a la empresa Egmasa para nutrir un plan de prejubilaciones derivado del ERE que en 2003 afectó a 373 trabajadores y que costó al Ejecutivo andaluz 21,6 millones de euros. El ex alto cargo negó que en ese expediente hubiera ningún «intruso» –beneficiario sin haber trabajado en la empresa bonificada–. Alegó que quien se ha considerado así en el sumario «es un sindicalista que se encontraba en situación de excedencia forzosa, por lo que al reincorporarse, y estar en disposición aún de acogerse al ERE, se le otorgó la misma ayuda que al resto de empleados porque lo contrario hubiera sido una discriminación», según expuso a este diario su abogado, Fernando de Pablo.

Y sí informó a sus superiores entonces, el consejero Viera y el viceconsejero Antonio Fernández, de la existencia de la subvención y de su cuantía. No pusieron, afirmó, «pega» alguna a la concesión de la misma. Mientras el ex director general remataba su declaración en los juzgados, hasta su domicilio se desplazó una ordenanza de la Administración regional con la orden de entregar en persona una resolución de la Junta, con sello de salida de ayer mismo. ¿Qué querían comunicarle? Su nueva negativa a readmitirlo en el puesto de funcionario que tiene y reclama.