La imputación por el 9-N acelera el fin político de Mas

Tendrá que declarar el 15 de octubre por desobedecer la decisión del TC de no celebrar la consulta. Los delitos que se le imputan suponen hasta 15 años de inhabilitación

Jueves 15 de octubre, diez de la mañana, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ese día, a esa hora y en esa sede jurisdiccional, tendrá que acudir en calidad de imputado el actual presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, para declarar ante el magistrado Joan Manuel Abril por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con la consulta soberanista del pasado 9 de noviembre, pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional. Dos días antes, comparecerán, en la misma condición procesal que Mas, la ex vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega y la ex consellera de Enseñanza Irene Rigau. Tal como adelantó en exclusiva LA RAZÓN el pasado sábado, las imputaciones se producen apenas dos días después de las elecciones autonómicas del domingo y casi diez meses después de que se admitieran a trámite las querellas, lo que se produjo el 22 de diciembre del pasado año. El TSJ de Cataluña continúa con la causa toda vez que Artur Mas y Rigau han sido elegidos nuevamente diputados en los comicios autonómicos, esta vez en las listas de Juntos por el Sí, por lo que también «arrastran» a Ortega, quien dejó el cargo una vez consumada la ruptura entre Convergència y Unió.

Mas, Ortega y Rigau tendrán que declarar «en persona», asistidos de abogados, en el TSJ de Cataluña y no en sus despachos oficiales o por videoconferencia, ya que el hacerlo como imputados deben acudir personalmente a la sede judicial y comparecer ante todas las partes personadas en la causa, que se inició con una querella del sindicato Manos Limpias, en la que también incluían a Francesc Homs y Ramón Espadaler, ex portavoz del Ejecutivo catalán y ex conseller del Interior, respectivamente; y posteriormente la Fiscalía decidió interponer otra, pero limitada a los tres imputados, a los que el tribunal decidió abrir la correspondiente investigación.

Dos días antes declararán Ortega y Rigau. A la primera de ellas, ex vicepresidenta de la Generalitat, le atribuye la Fiscalía un papel más que relevante en la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional. Así, el mismo 9-N compareció de manera oficial en distintas ocasiones para dar cuenta de los datos de participación y de los resultados «de un proceso suspendido constitucionalmente». De esta forma, «el Gobierno autonómico oficializaba así como propia la asunción del desarrollo de todo el proceso consultivo».

En cuanto a Rigau, ex consejera de Educación, la querella de la Fiscalía destaca que bajo su dirección se cursaron convocatorias oficiosas cursadas vía correo electrónico por autoridades territoriales del Departamento de Enseñanza de Generalitat a directores de institutos de enseñanza media, para la celebración de reuniones en las que se solicitó una colaboración consistente en la cesión de locales de sus centros los días 8 y 9 de noviembre, «para la instalación de las mesas electorales y el desarrollo de la convocatoria».

Además, el 22 de octubre de 2014 se insertó en la página web www.participa2014.cat un «banner» específico, «información para los voluntarios de equipamientos», que remitía al formulario para la solicitud de inscripción como voluntario de equipamiento a los centros docentes.

Con estas medidas, según el fiscal, se trataba «de habilitar espacios físicos y equipos personales para materializar la consulta».

Precisamente, en relación con estos aspectos, el Ministerio Público aludía a la responsabilidad de Artur Mas, cuando el mismo día de la consulta no dudó en asumir la responsabilidad: «Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios que me miren a mí, el responsable soy yo y mi Gobierno».

El 19 de octubre, el magistrado ha citado como testigo a Dolores Agenjo, la directora del instituto Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que denunció presiones del Departamento de Enseñanza por negarse a ceder las llaves del centro para colocar las urnas del 9-N, y que entregó al juez los correos electrónicos acreditarían esas presiones. El mismo día, comparecerá, también como testigo, Elisabet Abad, directora del CIRE, para responder por el proceso de producción, suministro y entrega de las urnas y papeletas del 9-N, sufragadas a través de varios contratos con el Departamento de Justicia que costaron 143.738 euros a la Generalitat. Otro testigo citado para ese día es el entonces asesor en materia de opinión publica de la conselleria de Gobernación, Joan Cañada (UDC), que será interrogado sobre la administración y mantenimiento de la página web de la consulta del 9-N.

También declarará ese día el responsable técnico informático que coordinó materialmente los servicios prestados por el CTTI de la Generalitat para resolver las incidencias informáticas que pudieran surgir en el proceso de consulta.