El Gobierno tomará el control del orden público por las «protestas tumultuarias»

Sin aplicar el 155, Moncloa quiere evitar que de las manifestaciones se pase a la sedición.

La comunicación oficial a la Generalitat llegó ayer, aunque el «refuerzo» de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía para garantizar el orden público lleva días ejecutándose. Con tres cruceros ya atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona al menos durante 15 días, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, comunicó por la mañana al consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, la decisión del mandar unidades de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en virtud del artículo 38.2 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La justificación del ministro son las «movilizaciones tumultuarias» que se están produciendo desde el pasado miércoles a raíz de la detención de altos cargos de la Generalitat por participar en la preparación del referéndum ilegal del 1 de octubre. Las funciones de Policía y Guardia Civil serán vigilar el espacio público, mantener el orden y actuar en caso de que se mantuviera el referéndum ilegal de independencia, competencias que corresponden a los Mossos d´Esquadra. Pero el Gobierno precisa que su función será de «apoyo» a la policía autonómica. Al final, por una vía paralela, sin aplicar el artículo 155 de la Constitución ni restar competencias a la Generalitat, lo que ha hecho el Gobierno es pasar a la acción por si las protestas y la acción política se convierten en una amenaza real de sedición, con las consecuencias penales que de ello se derivarían para sus responsables.

El mensaje oficial insiste en subrayar el respeto al trabajo de la policía autonómica, y en que el objetivo es servir siempre de apoyo al mismo, cumpliendo las órdenes de la Fiscalía de actuar para evitar la consulta ilegal. En concreto, la instrucción 2/2017 de la Fiscalía Superior de Cataluña, remitida el pasado 8 de septiembre a la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d´Esquadra ordenando activar las actuaciones necesarias para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Pero, de fondo, Interior ha puesto en marcha una operación sin precedentes en la historia de la democracia para cubrir en Cataluña aquellos espacios a los que no llegan los Mossos, por ejemplo, de hecho, han sido los servicios de información de la Guardia Civil los que están manejando todos los datos para desarticular la logística de la consulta. La operación también tiene como objetivo anticiparse por si hubiera que hacer frente a un escenario de sedición. El Gobierno es más prudente a la hora de dar por hecho que pueda haber una declaración unilateral de independencia, que no sería reconocida por ningún país de nuestro entorno. Pero el líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, sin embargo, está convencido de que sí puede producirse, como así ha alertado ya en público. El Ejecutivo tiene implementados todos los planes para cubrir cualquier escenario que pueda producirse la semana que viene. «No desconfiamos de los Mossos, pero ante una situación tumultuaria hay que apoyar a los que respetan la ley para que sepan que cuentan con el respaldo de todos los demócratas de España. El objetivo es garantizar la tranquilidad de todos los catalanes».

El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, insistió ayer en utilizar la palabra «tumultuarias», el mismo término que se emplea en el artículo 544 del Código Penal, que define el delito de sedición y especifica que se requiere del alzamiento «público y tumultuario» para que se pueda aplicar este tipo penal. Méndez de Vigo hizo una exaltada defensa de la legalidad y de los derechos y libertades de todos los españoles y de los catalanes, y como hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el miércoles pasado, volvió a instar a los responsables de la Generalitat a que rectifiquen y dejen la campaña «contra el pluralismo político y las libertades». Desde el Gobierno insisten, además, en señalar a la CUP como azote de la radicalidad en la que se ha instalado la Generalitat. Es un mensaje dirigido también a los catalanes más moderados para desacreditar una consulta.

Los efectivos de la Policía y de la Guardia Civil se han ido desplazando a Cataluña con mucha discreción cumpliendo un plan progresivo de seguridad del Ministerio de Interior. Y frente al anuncio del presidente de la Generalitat de que tiene un plan de contingencia para responder a las decisiones judiciales y policiales y poder celebrar la consulta ilegal, el Gobierno insistió ayer en que también tiene preparados todos los escenarios para defender la ley.