Rajoy asumirá de inmediato el control de los Mossos con el artículo 155

El Ministerio pasará a dirigir el Cuerpo por ser la primera pata de cualquier plan de intervención que la Generalitat obligue a poner en marcha. Moncloa advierte de que sólo admitirá una respuesta clara que rechace la independencia para evitar la aplicación del 155.

Ya no es sólo Ciudadanos (Cs), Gobierno y PSOE también hablan de convocatoria de elecciones antes de que acabe el año en Cataluña. O impuestas por Madrid, si hay declaración unilateral de independencia, o provocadas por «el bloqueo y la debilidad» de Carles Puigdemont, si Juntos por el Sí pierde el apoyo de la CUP, en el caso de que el presidente de la Generalitat asuma la tesis de Artur Mas de que la independencia no es hoy viable. En las últimas horas ERC y los anticapitalistas no han perdido oportunidad para escenificar en público que mantienen su presión sobre Puigdemont para que confirme que el pasado martes sí hubo un acto de secesión para alumbrar la nueva república. Todo en el mapa catalán lleva ya la marca de la pose electoral.

Ni el Gobierno ni el PSOE oficializan en qué consistirá la aplicación del artículo 155 de la Constitución si la respuesta que hoy llega a La Moncloa de la Generalitat es distinta a un «no» a la declaración de independencia. Ahora bien, las dos partes coinciden en colocar el foco en los Mossos. Por lo que pueda ocurrir esta mañana en la Audiencia Nacional, pero también porque son la primera pata de cualquier plan de intervención que la Generalitat obligue a poner en marcha. Puede haber discusión sobre el alcance de la «cirugía», pero no sobre el hecho de que todo pasará por tomar de manera inmediata, «con rapidez», el control de los Mossos, que dependerían directamente del Ministerio de Interior.

Así, todas las decisiones políticas que tengan que adoptarse para restituir «la normalidad constitucional» en Cataluña mediante la vía de afectar a competencias autonómicas pasan, en cualquier caso, por el hecho de que la policía autonómica esté dirigida por el Ministerio del Interior. La dirección de los Mossos está siendo investigada por presunto delito de sedición como aliada del proceso soberanista. De hecho, el atestado de la Guardia Civil la describe como una parte del plan independentista, es decir, sostiene que entre el 20 de septiembre y el 1-O no sólo hubo una «inacción flagrante», sino que además actuaron a favor «del plan estratégico hacia la independencia». Esta situación explica que no hay discusión sobre que la intervención en Cataluña obligaría a «poner de manera inmediata de parte de la Constitución» a la dirección de los Mossos.

El plan del Gobierno para actuar en Cataluña se sostiene sobre el principio de que la intervención «debe ser eficaz, pero lo más limitada posible y con el menor coste social». Es decir, que la previsión es que antes de que acabe el año haya una convocatoria de elecciones autonómicas, competencia que en principio corresponde exclusivamente al presidente de la Generalitat, como en todas las demás comunidades autónomas. Hasta dónde se tenga que llegar dependerá de la resistencia que en ese caso pudiera ofrecer el Gobierno catalán y los partidos independentistas a asumir las decisiones aprobadas en el Senado para restituir la Constitución y el Estatuto catalán. Es una encrucijada con riesgo de muchas de complicaciones, que pueden ir desde que el soberanismo intente boicotear esas elecciones a que se resista a dar por disuelto el actual Parlamento, donde todo el Gobierno catalán tiene escaño. Sin olvidar las consecuencias de esta aplicación del artículo 155 en la calle y en el orden público. La tregua de estos días en la agitación social «no es más que instrumental, ya el soberanismo mantiene sus resortes de movilización que se activarán políticamente cuando más les convenga», aseguran en Moncloa. Y el Gobierno sabe que una intervención del artículo 155 es el escenario ideal para que el soberanismo encienda de nuevo esa mecha con el objetivo de dar otra vez repercusión internacional a su estrategia victimista frente a la gestión política o técnica de la Generalitat impuesta por el Senado.

En líneas generales Rajoy ha estudiado los posibles escenarios que se abrirían con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pero la decisión está pendiente de la posición que fije esta mañana Puigdemont en la respuesta al requerimiento que ha recibido. El siguiente plazo termina el jueves, el margen que tendría el presidente de la Generalitat para rectificar si hoy responde a Moncloa con una explicación ambigua o dice simplemente que «sí» hubo declaración de independencia. Desde Moncloa advierten que cualquier otra suerte de respuesta, ya sea una carta o la simple reiteración de su discurso no evitará la aplicación del artículo 155. Solo se admitirá una respuesta «clara y sencilla» que clarifique si hubo o no declaración de indepencia.

El Gobierno tiene asegurado el apoyo del PSOE y de Ciudadanos en el Pleno del Senado con el que se contestaría a la decisión de Puigdemont de seguir hacia adelante. Pero todo lo demás es un camino incierto y en el que cada decisión seguirá dependiendo de hasta dónde quiere mantener el pulso el soberanismo. El proceso político está además muy condicionado por la evolución del proceso penal y la posibilidad de que la inhabilitación afecte a algunos de los principales líderes independentistas. El foco está puesto en la Audiencia Nacional y también en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Por eso en Moncloa advierten sobre el riesgo de hacer cálculos políticos sobre las próximas elecciones autonómicas. Rajoy quiere que sean consecuencia del bloqueo político en Cataluña, es decir que sea la CUP la que acabe con Puigdemont. Y por eso no tiene prisa. En Moncloa ya advertían antes del Pleno en el que Puigdemont se despachó con su ambigua declaración de independencia, suspendida segundos más tarde, que el artículo 155 no era una «varita mágica» y que había que ser eficaz sobre el terreno. Es cierto que dentro del Gobierno y de la dirección del partido los hay muy convencidos de que no había alternativa a activar ya este mecanismo, pero también hay quienes mantienen severas dudas sobre esta vía por el miedo «a los problemas que pueden aparecer». En cualquier caso, Rajoy siempre ha descartado en privado que la Ley de Seguridad Nacional fuera una opción.