Josep y Pere Pujol afirman que el dinero de Andorra venía de la herencia

Libres y sin medidas cautelares, aunque imputados por blanqueo. Así salieron ayer de la Audiencia Nacional los hermanos Josep y Pere Pujol tras declarar como imputados durante seis horas ante el juez José de la Mata. Al término de los interrogatorios, la Fiscalía Anticorrupción no solicitó al magistrado –que investiga si ambos blanquearon, junto con su hermano Jordi Pujol Ferrusola, la fortuna familiar procedente, supuestamente, del pago de comisiones– la adopción de ninguna medida contra ellos, según confirmaron fuentes jurídicas.

Los dos hermanos sostuvieron la misma versión que dio su padre: que su dinero en cuentas de Andorra procede exclusivamente de una herencia de su abuelo Florenci (que más de un año después no se ha podido acreditar documentalmente) y de los rendimientos que generó gracias a diversas inversiones, ratificaron fuentes presentes en las declaraciones.

Con su comparecencia ante el juez, ocho de los nueve miembros de la familia del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol (todos, salvo el benjamín, Oleguer) han declarado como imputados en distintos procedimientos, la mayoría por delito fiscal y blanqueo. Dieciséis meses después de que el patriarca confesara por sorpresa que ocultó durante 34 años la fortuna familiar en el extranjero, todos se encuentran en libertad sin ninguna medida que limite sus movimientos, pese a que Anticorrupción considera que la familia actuó como un grupo criminal.

Para Josep, fue su primera comparecencia ante un juez como imputado. Al igual que su hermano, declaró en castellano y contestó una por una todas las preguntas que les realizaron tanto De la Mata como, sobre todo, la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, durante casi cuatro horas y media. «Todo está bien», se limitó a decir al terminar su comparecencia. Josep Pujol no quería sorpresas y solicitó que varios agentes le acompañaran hasta la cercana calle Génova, donde le esperaba un coche de color oscuro.

La declaración de su hermano Pere –en cuyo domicilio los agentes hallaron 96.000 euros en metálico durante los registros practicados el pasado 27 de octubre– duró mucho menos, poco más de hora y media. Al salir apresuradamente acompañado de su abogado, Cristóbal Martell, se mostró relajado. «Magnífico», respondió cuando los periodistas le preguntaron cómo se había desarrollado su testimonio.

Los quince registros ordenados por De la Mata –en los que intervinieron 200 agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF)– que desataron la «operación Hades» se ordenaron despuñes de que las autoridades de Andorra remitieran al magistrado toda la información solicitada en su día sobre las cuentas bancarias de Jordi Pujol Ferrusola y su ex esposa, Mercé Gironés (imputados por delito fiscal y blanqueo) y de las sociedades controladas por ambos.

Según Anticorrupción, cuatro sociedades controladas por Pujol Ferrusola y su ex esposa, Mercé Gironés, habrían percibido 11.530.004 euros de supuestas comisiones pagadas por empresas adjudicatarias de contratos públicos. En las resoluciones en las que De la Mata autorizó la entrada y registro en los domicilios de Gironés y del matrimonio Pujol Ferrusola (donde el primogénito se encontraba convaleciente), el magistrado sostiene que en los últimos años ambos eran titulares «de varias sociedades instrumentales» (Iniciatives Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Active Traslation e Inter Rosario Port Services) «que no producían valor real añadido alguno». Su única finalidad, sostiene el instructor, era «canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero».

Fueron esas empresas, precisamente, las que facturaron 11,5 millones a un conjunto de sociedades (Grupo Copisa, Grupo Isolux y EMTE), cuya cifra de negocios principal «proviene de la explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el sector público, especialmente de tipo urbanístico». De la Mata hacía hincapié en esos autos en que no se habían aportado pruebas «que justifiquen la realización de los trabajos», ni documentos, intercambio de comunicaciones o informes «que sustenten la intevención» de Jordi Pujol Júnior en las operaciones en las que percibió las comisiones.

La investigación ha puesto al descubierto «una aparente refacturación» y, en algunos casos, conceptos considerados «mercantilmente ilógicos». Gironés, por ejemplo, compró un terreno en Palamós por 217.000 euros y, tres años después, lo vendió por 4,8 millones a una sociedad participada por el Grupo Copisa, una situación que, reseña el juez, nada tiene que ver con lo que sucedía en las parcelas colindantes.

En la pieza principal –en la que están imputados una docena de empresarios, además de Jordi y su exposa–, De la Mata investiga los 32 millones de euros que el primogénito de los Pujol movió en ocho años, entre 2004 y 2012, en trece países, entre ellos Suiza, Islas Caimán y Liechtenstein.

Durante la «operación Hades», la UDEF registró también el pasado octubre las sedes de las dos empresas vinculadas a Josep Pujol (Mt Tahat) y Pere (Blau Consultoria, de la que es administradora única su mujer, María del Carmen Zorita), que también están siendo investigadas por el magistrado Santiago Pedraz por los 114.434 euros cobrados por ambos, Jordi y Oleguer, debido a unas supuestas asesorías inmobiliarias que, según ha constatado Anticorrupción, ninguno realizó.