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Chaves y Griñán, al banquillo por prevaricación en los ERE
El magistrado alega que ambos habrían cometido un delito de prevaricación administrativa. A Griñán también se le imputa un delito de malversación
El magistrado alega que ambos expresidentes socialistas y otros seis consejeros habrían cometido un delito de prevaricación administrativa, que no incluye penas de prisión. No obstante, a Griñán también le imputa un delito de malversación.► Cronología: Así ha sido la investigación ► Quién es quién en el «caso de los ERE» ► Histórico: Un fraude de más de 800 millones de euros en doce años
El juez ha concluido la investigación de la pieza "política"de los ERE relativa al procedimiento empleado por la Junta de Andalucía para pagar ayudas a empresas, en la que hay 26 investigados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y seis exconsejeros.
En un auto notificado hoy, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín, considera que ambos expresidentes socialistas habrían cometido un delito de prevaricación administrativa, que no incluye penas de prisión, aunque a Griñán también le imputa malversación.
Además de los expresidentes, el juez incluye entre los acusados a seis exconsejeros andaluces: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, y a los cuatro últimos les imputa prevaricación y malversación.
Con el anterior Código Penal, la pena de prisión prevista por malversación es de entre 4 y 8 años.
Esta pieza, denominada técnicamente del procedimiento específico, es la primera que se concluye dentro del caso de los ERE, y en ella el juez deja fuera de los acusados inicialmente a 24 ex altos cargos, entre ellos los exconsejeros Antonio Ávila, Martín Soler y Manuel Recio, así como al presidente de Unicaja, Braulio Medel.
El procedimiento, que se aplicó entre los años 2000 y 2011, tenía por objeto "eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía", señala el juez, que cifra en, al menos, 854,8 millones de euros los repartidos de forma discrecional o arbitraria.
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