Junqueras: «Soy un hombre de paz»

El ex vicepresidente de la Generalitat apela a sus convicciones religiosas y a su capacidad de diálogo ante el Supremo para lograr su libertad. La Fiscalía pide que continúe en prisión ante el «evidente riesgo de reiteración delictiva».

Las opciones de que el dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña Oriol Junqueras abandone de forma casi inmediata la prisión en la que lleva desde hace dos meses son más bien escasas. Ingresado por su presunta vinculación con todo lo relacionado con el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia que aprobó el Parlament con los votos de los partidos secesionistas, su estancia en la cárcel es casi segura.

El Tribunal Supremo debe resolver el recurso de apelación contra el auto de prisión que acordó el instructor de esa causa, Pablo Llarena. Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, la opción más probable es que se confirme la decisión del magistrado instructor.

En la vista de apelación, la Fiscalía, que estuvo representada por Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal, instó la desestimación del recurso de Junqueras, al entender, entre otros motivos, que existen «datos objetivos indiciarios suficientes que acreditan la participación» del dirigente de ERC en esos hechos, como promotor e impulsor de los mismos. El Ministerio Público considera que ha podido incurrir en un delito de rebelión, toda vez que se produjeron comportamientos violentos o, de forma alternativa, como delitos de sedición y malversación de caudales.

El primero de esos delitos , el de rebelión, que castiga a los que de forma violenta declaren la independencia de una parte del territorio nacional, está castigado con hasta 25 años de prisión; mientras que el de sedición está penado con un máximo de 15 años de cárcel, y la pena por el de malversación puede llegar a los 6 años de prisión. La Fiscalía considera al ex vicepresidente de la Generalitat impulsor o promotor de esos hechos.

Al recurso acudió Oriol Junqueras, después de que el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, accediera a esa solicitud. Al finalizar la exposición de los motivos de la defensa, la acusación popular que ejerce Vox y de la Fiscalía, el propio Junqueras pidió al tribunal que le dejara hacer uso de la palabra. Los magistrados se lo autorizaron y en su intervención aseguró que es un hombre de «paz y diálogo» y que sólo quiere ejercer sus derechos políticos tras haber obtenido el acta de diputado autonómico en las últimas elecciones catalanas.

Además, según aseguraron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, el dirigente independentista se consideró una persona «de formas suaves» y que nunca en su carrera política ha tenido ninguna «mala palabra ni menosprecio» hacia sus adversarios políticos, y que ésa será su línea de actuación en todo momento, una vez recupere la libertad. Junto a ello, invocó sus convicciones religiosas –no aludió, eso sí, a su conocida condición de calólico practicante– y humanistas, a los «fundamentos religiosos y humanistas de sus convicciones y posturas». Igualmente, pidió a los tres magistrados que le dejen libre para poder estar con su familia.

Por su parte, la Fiscalía sostuvo que, según las evidencias documentales que existen en la causa, junto a a diversas manifestaciones públicas realizadas por Junqueras en 2017, «muestran que es uno de los organizadores de los hechos investigados en esta causa, y uno de los principales impulsores de las movilizaciones sociales dirigidas a la celebración del referéndum del 1 de octubre, y a impedir la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado para restaurar la legalidad constitucional, lo que supuso que se provocaran graves enfrentamientos».

Además, otro de los motivos invocados por Zaragoza fue el considerar la existencia de un «evidente riesgo de reiteración delictiva» en atención a las circunstancias que concurren actualmente en Oriol Junqueras «ante la ausencia de un compromiso con la legalidad constitucional y sin que se haya producido por su parte ninguna renuncia al uso de vías ilegales para la defensa de su proyecto político».

Aunque el fiscal se opuso a su puesta en libertad, el Ministerio Público admitió que, si finalmente el Supremo mantiene la prisión, pudieran arbitrarse medidas para que salga puntualmente para ejercer como parlamentario y vuelva luego a la cárcel, una decisión que ha dejado, en todo caso, al arbitrio del tribunal. En todo caso, concluyó el representante del Ministerio Público, el derecho a la participación política, que le ha permitido ser diputado electo, «no supone justificación suficiente para eludir la situación de prisión en la que se encuentra» desde hace dos meses.

Una nota de la Fiscalía informó así mismo de la posición del Ministerio Público: «Los hechos investigados, con carácter indiciario, pueden ser constitutivos de un delito de rebelión porque se han producido comportamientos violentos, en particular los días 20 de septiembre y 1 de octubre».

Además del fiscal, también entiende que permanece el riesgo de reiteración delictiva la acusación popular ejercida por el partido Vox. Se trata de un riesgo que ya apreció el magistrado Pablo Llarena, instructor del sumario por el «procés». En él se basa la decisión de prisión preventiva contra la que recurrió el imputado Junqueras.

Tras concluir la vista, los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge comenzaron a deliberar. El tribunal descartó pronuncirse ayer, por lo que la decisión podría conocerse a partir de hoy. Fuentes del Supremo ven muy poco probable que el tribunal corrija al juez instructor en esta primera revisión de sus decisiones. La confirmación de la prisión incondicional no cerraría la puerta a la excarcelación de Junqueras. El juez instructor podría acordar libertad bajo fianza al considerar que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva.