Junqueras y los exconsellers estudian acatar el 155 para salir de la cárcel

Volver a la legalidad implica tanto para la Audiencia como para el Supremo que disminuya el riesgo de reiteración delictiva.

Tras el efímero paso de Carme Forcadell por prisión, Junqueras y los otros siete ex consellers de Puigdemont, en la cárcel desde el pasado día 2, ya saben lo que tienen que hacer para estar más cerca de recuperar la libertad. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, tan denostada por las filas soberanistas, les dio una pista hace una semana al fijar una fianza de 50.000 euros para el ex consejero Santi Vila al valorar su dimisión horas antes de la declaración de independencia como un indicio que minimiza el riesgo de reiteración delictiva. Pero, por si les quedaba alguna duda, la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de imponer una fianza de 150.000 euros a Forcadell y de 25.000 a otros cuatro ex integrantes de la Mesa del Parlament –pese a que la Fiscalía reclamó para ellos prisión incondicional– apunta en la misma dirección: todos ellos se comprometieron a defender su anhelo independentista dentro de las vías legales y respetando la Constitución. Tanto Vila como los ex miembros de la Mesa del Parlament se desmarcaron, además, de la estrategia de los ex consellers en sus declaraciones y respondieron a las preguntas de la Fiscalía.

Por tanto, a expensas de que la Sala de lo Penal resuelva los recursos presentados por sus defensas contra los autos de prisión –que ya han sido ratificados por Lamela–, la vía más factible para salir de la cárcel y, como reclamaba el propio Junqueras, poder participar en la campaña electoral del 21-D, es acogerse a la «vía Forcadell», según apuntan fuentes jurídicas. Y más teniendo en cuenta que la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia acaba de rechazar que salgan en libertad los líderes independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, «los Jordis», en prisión provisional desde el pasado 16 de octubre.

Cualquier investigado tiene el derecho a declarar ante el instructor cuantas veces lo solicite durante la investigación. Los ex consellers encarcelados, por tanto, podrían pedir una nueva declaración, y más teniendo en cuenta que en la anterior comparecencia, acogiéndose a su derecho a no declarar, sólo respondieron a sus abogados y no a los fiscales ni a Lamela.

Los ex miembros del Govern del PDeCAT pueden ser los primeros en dar ese paso. A ese cambio de estrategia parece apuntar el reciente cambio de abogado de los ex consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull y Meritxell Borràs, que optaron por relevar al letrado que defiende en esta causa a Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, y confiar su representación a Jordi Pina (en el caso de Turull y Rull), Cristóbal Martell (Forn) y Xavier Melero (Borrás). Según ha podido saber LA RAZÓN, algunos de ellos ya están valorando la posibilidad de solicitar de forma inminente declarar de nuevo ante la juez Lamela tras conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre Forcadell y los otros antiguos integrantes de la Mesa del Parlament.

Será, en todo caso, cuestión de tiempo pues si no solicitan comparecer ante Lamela sí lo harían cuando el Tribunal Supremo asuma previsiblemente la causa, como ha hecho ya con la investigación del TSJ de Cataluña. El cambio de juez instructor siempre es, en cualquier procedimiento, una oportunidad para replantear los argumentos de las defensas con el objetivo de suavizar las medidas cautelares de sus clientes.

En el caso de Vila, Lamela no advirtió riesgo de reiteración delictiva al haber puesto de manifiesto con su renuncia in extremis «su voluntad contraria a consumar el intento secesionista». De ahí que le impusiera medidas cautelares menos gravosas: la prohibición de salir de España y retirada de pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, muy similares a las que deberá cumplir Forcadell fuera de prisión.

En el Tribunal Supremo, el juez Llarena consideró que el riesgo de reiteración delictiva de los ex miembros de la Mesa del Parlament se ha reducido desde el momento en que no sólo asumieron la aplicación del artículo 155 –que acarreó la destitución del Govern y la disolución del Parlament–, sino que manifestaron su intención de no volverse a presentar a las elecciones o, en caso de seguir en la vida política, hacerlo renunciando «a cualquier actuación fuera del marco constitucional».

Aunque la fuga de Puigdemont y otros cuatro consejeros a Bruselas fue esgrimida por Lamela para apuntalar el riesgo de fuga, el Tribunal Supremo valoró que Forcadell y los otros investigados hayan estado siempre a disposición de la Justicia cuando han sido requeridos, a diferencia de «otros encausados en este proceso que se encuentran actualmente fugados».

Lamela también esgrimió, además de la gravedad de los delitos y las elevadas penas, la «alta probabilidad» de que los investigados «puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba», un riesgo que en todo caso disminuye a medida que avanza la investigación.