La ANC presiona a los funcionarios

Los anima a cumplir las órdenes soberanistas de Govern y Parlament porque «no son delito»

Un alto dirigente de Convergència explicaba en los pasillos del Parlament hace pocos días una de las prioridades que iba a tener el proceso soberanista en los próximos tiempos: «Es fundamental proteger a nuestras tropas para que esto avance». Se refería así a la necesidad de dar cobertura a los trabajadores públicos de la Generalitat y evitar su procesamiento judicial debido al despliegue de los planes soberanistas. Ésta es una de las razones que explica por qué se ha dado forma de comisión de estudio –y no legislativa– al proceso constituyente y por qué las ponencias sobre la Hacienda propia y la Seguridad Social llevan nombres más edulcorados como «administración tributaria catalana» y «protección social». El objetivo es no violentar el ordenamiento jurídico.

Con el propósito de que los funcionarios de la Generalitat no se resistan a dar cumplimiento a los planes soberanistas, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ultima un informe cuya principal conclusión es que los empleados públicos no se deben preocupar de nada en términos legales.

«La actuación de los trabajadores de las administraciones públicas catalanas en el proceso de constitución de la República de Cataluña que se ejecuten de acuerdo con las órdenes de sus mandos y del Gobierno y del Parlamento de Cataluña no supondrá la comisión de un delito», asegura el informe de la ANC que se presentará el próximo 15 de febrero. Según la Asamblea, el derecho penal español «no ha tipificado como delito que una parte del territorio se quiera desenganchar».

En opinión de la ANC, la clave de todo el proceso está en que el Parlament y el Govern de la Generalitat den instrucciones de una manera «clara y concreta» para evitar confusiones.

Los autores del informe son un grupo de profesores universitarios de la Universitat Rovira i Virgili y de la Univesrsitat de Girona, así como algunos miembros de organizaciones soberanistas.

La implicación de los funcionarios de la Generalitat ya levantó una gran controversia durante el simulacro de consulta soberanista que organizó Artur Mas el 9 de noviembre de 2014. Por entonces, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deploró los planes de Mas porque no le quiso «dar a nadie instrucciones por escrito y se traslada la responsabilidad en un acto mezquino a los funcionarios públicos que no tienen por qué soportar una situación como ésa».

Lo que hicieron muchos directores de colegios en aquellos momentos fue enviar cartas a la conselleria de Enseñanza para exigir que las órdenes no fueran orales, sino escritas. Quisieron así curarse en saludinforme obteniendo documentos escritos con la obligación de abrir los centros educativos el día de la consulta. Pero la Generalitat evitó en aquel momento poner por escrito instrucción alguna, aunque fue inevitable que trascendieran correos electrónicos con mensajes de altos cargos de la Administración catalana.

El gran interrogante desde que el proceso soberanista se puso en marcha es conocer si puede llegar a tener eficacia jurídica en algún momento, ya que la Constitución no contempla en ninguno de sus artículos la posibilidad de que una autonomía española pueda convertirse en un Estado independiente. Sin embargo, el Govern de Junts pel Sí insiste en que dentro de 18 meses Cataluña ya estará a las puertas.