La Audiencia Nacional cita a declarar a Trapero por un delito de sedición

La magistrada Carmen Lamela ha citado también, a instancias de la Fiscalía, a la intendente de la Policía autonómica, Teresa Laplana, y a los presidentes de las entidades soberanistas Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, respectivamente.

El mayor de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, tendrá que declarar este viernes en la Audiencia Nacional como investigado por un delito de sedición. La magistrada Carmen Lamela ha citado también, a instancias de la Fiscalía, a la intendente de la Policía autonómica, Teresa Laplana, y a los presidentes de las entidades soberanistas Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, respectivamente, en relación a las movilizaciones independentistas de los pasados días 20 y 21 de septiembre en Barcelona ante varias consejerías para “impedir por la fuerza” a los agentes que cumplieran las órdenes judiciales de entrada y registro.

El teniente fiscal de la Audiencia, Miguel Ángel Carballo, instó a la magistrada a investigar los hechos al advertir indicios de sedición, un delito castigado con penas de hasta 15 años de prisión, en los altercados soberanistas para impedir la actuación judicial y a esclarecer quiénes habían “inducido, sostenido o dirigido” esas concentraciones, que también se produjeron en las sedes de PSC y la CUP. La magistrada hacía alusión, en la resolución en la que acordaba abrir diligencias, al comportamiento de Jordi Sánchez, "quien frente a los congregados ante la sede del departamento de Economía manifestó: "El 1 de Octubre votaremos, si nos quitan la urnas, las construiremos". "Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa". Asimismo, se refería a la actuación de Cuixart, que "pidió que la movilización no se detuviera". "Ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil -continuaba la instructora-llamaron a la movilización permanente"en contra de las actuaciones para impedir el referéndum.

En la denuncia del Ministerio Público no se solicitaba imputaciones concretas, pero sí hacía referencia a la actuación de los líderes de ANC y Omnium Cultural en las protestas. Lamela abrió diligencias al considerar que lo sucedido podía encajar en las conductas que castiga el artículo 544 del Código Penal, que sanciona el alzamiento tumultuario dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o el cumplimiento de resoluciones judiciales.

La Audiencia Nacional no puede investigar la posible responsabilidad de los políticos aforados, como es el caso de Carles Puigdemont y sus consejeros (que sólo responden ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde están imputados por desobediencia, malversación y prevaricación), pero la Fiscalía ya dejó claro en su denuncia que es necesario investigar “quiénes son las personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones estas actuaciones” o si ha existido “un concierto de voluntades” que haya impulsado “movilizaciones generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad, incluso violentamente, ante una eventual oposición”.

El delito de sedición se puede castigar también en sus modalidades de “provocación, conspiración y proposición”. Si la investigación de la Audiencia Nacional haya indicios de que Puigdemont y su Gobierno han impulsado esas movilizaciones, el juez instructor deberá trasladar los hechos al TSJ de Cataluña para que, si aprecia indicios delictivos, investigue a Puigdemont y sus consejeros también por estos hechos.

Lamela está a la espera de que la Guardia Civil le remita un informe con “todas las actuaciones llevadas a cabo para impedir la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado” en los altercados investigados en esta causa.

La Fiscalía recordó en su denuncia que ante la Consejería de Economía se concentró “una muchedumbre de personas” con el objetivo de “impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el ejercicio de las resoluciones judiciales”. Además, añadía, individuos que no han podido ser identificados “pincharon las ruedas de diversos coches patrulla de la Guardia Civil”. Incluso fue preciso montar un dispositivo por los Mossos para posibilitar la salida de los agentes de la Guardia Civil. La planificación de estas actuaciones, dice el fiscal Carballo, “llegó al punto de contar con voluntarios que repartían bebidas y comida a los concentrados”