La CUP avala tramitar los presupuestos pero no garantiza su aprobación final

Los antisistema se felicitan porque el proyecto prevé partidas para la ruptura con el Estado como la del referéndum.

El Govern de Junts pel Sí puede respirar con alivio, al menos durante unas semanas porque el consejo político de la CUP avaló ayer la tramitación del proyecto de presupuestos en el Parlament. De esta manera, las cuentas podrán superar el primer escollo en la Cámara catalana, es decir, el debate a la totalidad. Sin embargo, queda pendiente su aprobación final y para esto todavía no hay acuerdo definitivo. «Esto es un sí a que se tramiten los presupuestos y a que se inicie del debate tanto en el Parlament como en la calle», explicó la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que insistió en que quedan varios puntos en el aire para dar luz verde definitiva a los presupuestos.

Para lograr este primer pacto ha sido clave, subrayó Reguant, que el Govern de Junts pel Sí haya accedido a incluir partidas destinadas a la «ruptura con el Estado». Es decir, que el proyecto recogerá una previsión para costear el referéndum de autodeterminación que la Generalitat planea convocar en septiembre de 2017. Esto provocará, con toda seguridad, que los presupuestos acaben impugnados ante el Tribunal Constitucional por PP y C’s. «El referéndum no lo pararán las políticas represivas del Estado ni las actitudes inmovilistas de ciertos sectores de este país», aseguró al respecto la diputada de la formación antisistema.

La CUP acordó en su consejo político permitir la tramitación con dos votos a favor y ocho abstenciones. De esta manera pretenden expresar que su respaldo no se trata de ningún tipo de adhesión. Los antisistema insisten en que el proyecto presupuestaria debe profundizar en la mejora de ingresos, aunque se felicitaron por el paquete de impuestos pactado que permitirá a la Generalitat recaudar unos 180 millones de euros el año que viene.

Alguna de las medidas acordadadas entre Junts pel Sí y la CUP ya han levantado quejas, en particular la que prevé modificar los criterios de la deducción fiscal por inversión en vivienda habitual, ya que un total de 250.000 contribuyentes con ingresos superiores a 30.000 euros anuales dejarán de disfrutar en Cataluña de un 1,5 por ciento de deducción adicional por este concepto.

La coordinadora general del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT), Marta Pascal, evitó referirse a este punto y prefirió felicitarse porque el preacuerdo alcanzado respeta las líneas rojas de su partido, que consisten en no tocar al alza el IRPF y los impuestos de patrimonio y de sucesiones, para no «sobrecargar a las clases medias».

Entre las medidas fiscales acordadas entre el Govern y la CUP también figura la creación de un impuesto sobre «activos no productivos» como bienes inmuebles, embarcaciones, coches de lujo y aeronaves que están a nombre de personas jurídicas pero que no se usan para actividades económicas sino con fines particulares.

El aumento de la presión fiscal también se trasladará sobre superficies comerciales y sobre centrales nucleares, entre otros sectores.