Barcelona

La cúpula que gestiona la obra pública en Cataluña, imputada por presunta corrupción

La Razón
La RazónLa Razón

La cúpula de la empresa de la Generalitat que gestiona la obra pública en Cataluña, tanto su presidente, Joan Lluís Quer, como el director general Josep Antoni Rosell, está actualmente imputado en sendos casos de presunta corrupción vinculada a adjudicaciones.

Infraestructures.cat, la empresa pública que está en el foco de atención de la operación judicial que se desarrolla en Cataluña por presuntas comisiones del 3 %, fue creada por un acuerdo del Govern de la Generalitat en 1990, con el nombre inicial de Gestió d'Infraestructures (GISA).

Con capital completamente público, su misión es proyectar, construir, conservar, modernizar y explotar todas las infraestructuras de la Generalitat, según sus estatutos.

Desde 2011 su presidente es Joan Lluís Quer, imputado en la actualidad por haber llevado a cabo contratos a dedo desde la ACA (Agencia Catalana del Aigua), de la que fue gerente.

Precisamente, esta semana ha trascendido que el Gobierno catalán ha decidido no personarse como acusación en el proceso judicial abierto por este caso, pese a que fue la propia Generalitat la que denunció en 2014 ante la Fiscalía de Barcelona la presunta adjudicación a dedo de informes de consultoría del ACA en el 2008, durante la época del gobierno tripartito.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de estos informes estaba representada por Joan Lluis Quer.

Por su parte, el director general de Infraestructures.cat es Josep Antoni Rosell, que llegó a este cargo en 2011 y que ayer fue detenido.

Rosell, que se considera próximo al conseller de Justicia, Germà Gordó, era el subdirector general de Infraestructuras del departamento de Agricultura cuando en el 2002 se adjudicó el canal Segarra-Garrigues, la obra pública más costosa tras la del AVE que se ha llevado a cabo en Cataluña.

Poco después, Rosell pasó al sector privado como director de la empresa que logró la adjudicación precisamente para construir el canal Segarra-Garrigues, un concurso público que se valoró en mil millones de euros.