La edil que organizó el carnaval con Mayer avaló una marca de Batasuna

La concejala Montserrat Galcerán firmó el manifiesto fundacional de Aukera Guztiak, ilegalizada al ser «un plan de ETA»

Montserrat Galcerán es junto a la delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, la gran señalada por la crisis provocada por los titiriteros detenidos por enaltecer a ETA. Galcerán es la concejala-presidenta de Tetuán, el distrito que este año por primera vez acogió y coorganizó el polémico Carnaval. Este lunes, la alcaldesa, Manuela Carmena, puso en el foco a Galcerán al señalar que el consistorio investigaría la responsabilidad existente en el área de Cultura, dirigida por Mayer, pero también en el distrito. De hecho, el único cese confirmado hasta la fecha por la actuación de «Títeres desde abajo» en la que se exhibió una pancarta con el lema «Gora Alka-ETA», ha sido el de Ramón Ferrer, coordinador del Carnaval, candidato a vocal vecino de Tetuán y activista cercano a Galcerán en la agrupación de Ahora Madrid de este barrio.

Galcerán es además catedrática de Filosofía de la Universidad Complutense y aterrizó en el partido de Carmena a raíz de su militancia en Podemos y Ganemos Madrid. En el pleno de distrito del pasado enero, aseguró ser «nueva» en política. Sin embargo, su activismo viene de lejos. En 2005, la concejala de Carmena impulsó activamente la candidatura de Aukera Guztiak (AG) a las elecciones autonómicas vascas de ese año. Esta lista –cuyo nombre en vasco quiere decir «todas las opciones»– fue activada por el entorno abertzale tras la ilegalización de Batasuna confirmada por el Tribunal Constitucional en 2004. Montserrat Galcerán fue una de los trece firmantes del manifiesto fundacional de Aukera Guztiak. Los firmantes aseguraron al presentar esta «iniciativa civil» que no estaban dispuestos a «quedarse de brazos cruzados» ante la «barbaridad» y la «conculcación de derechos» que suponía, a su juicio, ilegalizar Batasuna. Las listas que presentó el partido avalado por Galcerán a las autonómicas de ese año fueron finalmente anuladas por el Supremo al considerarlas como una «marca blanca» de Batasuna. Por unanimidad, sus 16 magistrados estimaron que la agrupación de electores bajo el nombre Aukera Guztiak respondía a un plan del complejo ETA-Batasuna para no perder su presencia institucional. «Ante la extraordinaria gravedad de los daños que el terrorismo y sus defensores producen a la sociedad en muertes y dolor, hay que aceptar como razonable, proporcional y adecuada la exigencia de que las organizaciones y agrupaciones que pretenden participar en las instituciones públicas realicen un rechazo inequívoco y concreto del terror», señaló en su fallo el Supremo. Se basaba en este punto en las enormes reticencias que los portavoces de AG habían mostrado en los meses anteriores a condenar la violencia de ETA. Preguntados sobre si «condenarían a ETA en el caso de que cometiera un atentado», los miembros de estas listas sólo llegaron a asegurar que ésta era una cuestión de «posibilismo»: «Como partido no tenemos esa opción –la de la violencia– pero vamos a estar en contra de la conculcación de derechos civiles y políticos». Aukera Guztiak, el partido avalado con su firma por la concejala de Ahora Madrid en Tetuán, fue ilegalizada a iniciativa de la Fiscalía General del Estado durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El fiscal general en ese momento, Cándido Conde-Pumpido, subrayó respecto a AG que su labor pasó por «utilizar todas las pruebas para demostrar que las ‘‘listas blancas’’ son un submarino de ETA». Para su ilegalización, el Supremo tuvo en cuenta los vínculos de las personas que integraron las listas con el entorno de la banda terrorista y hasta cinco pruebas que dejaban clara la relación entre AG y Batasuna-ETA.

Galcerán firmó el manifiesto fundacional de Aukera Guztiak junto a personalidades de la sociedad vasca, según ellos mismos, de una «ideología amplia y plural». Entre ellos, estaban los escritores Juan Maria Irigoien y Kirmen Uribe, el filósofo José Azurmendi, el paisajista Jagoba Errekondo, el sacerdote Dionisio Amundarain y el meteorólogo Peio Zabala.

En su trayectoria como activista y miembro del Foro de Madrid por la Paz, Galcerán también se ha significado por exigir el traslado de los terroristas encarcelados a prisiones del País Vasco. En nombre de este colectivo, la propia Galcerán dio voz a un manifiesto que aseguraba que el conflicto vasco «es de naturaleza fundamentalmente política» y por ello cualquier solución al respecto «debería pasar por la profundización de la democracia mediante un proceso de diálogo sin exclusiones que respete la decisión soberana de la sociedad vasca sobre su modelo político futuro. Al Estado español le corresponde reconocer y favorecer este proceso democrático, sin límites».