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La ex alcaldesa de La Muela condenada a 17 años de cárcel por corrupción
Percibió 2,8 millones de euros en prebendas de un constructor beneficiado con contratos.
Percibió 2,8 millones de euros en prebendas de un constructor beneficiado con contratos.
El municipio zaragozano de La Muela fue la envidia de toda España cuando trascendió que su alcaldesa subvencionaba viajes al Caribe a sus vecinos. Un parque eólico y el furor urbanístico convirtieron a esta localidad –que incluso inauguró una plaza de toros, un auditorio y un faraónico centro deportivo– en sinónimo de opulencia en la España del ladrillo. Pero todas esas inversiones eran sólo las migajas de más de una década de corrupción, por la que la ex regidora, María Victoria Pinilla, ha sido ahora condenada a 17 años de cárcel –la Fiscalía reclamaba 35– y al pago de casi diez millones de euros en multas. Y eso que ha sido absuelta de 14 de los 23 delitos que le imputaba el Ministerio Público: cinco de prevaricación, dos de tráfico de influencias, otros dos contra la Hacienda Pública, cohecho pasivo, blanqueo, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y fraude y exacciones ilegales.
La sección primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza sitúa el germen del «proceso de corrupción urbanística que durante más de una década afectó al ayuntamiento zaragozano» en la constitución por la alcaldesa de la Sociedad Urbanística de La Muela (SULM) en julio de 1997, cuyo objetivo formal era conseguir «una mayor eficacia» en la gestión urbanística municipal.
Pero lo cierto es que los contratos firmados posteriormente con el constructor Julián de Miguel –condenado a seis años y diez meses de cárcel– derivaron en una catarata de prebendas a Pinilla y su familia. Tanto su ex marido como sus tres hijos y su hermana han sido condenados a penas de entre nueve meses y tres años de prisión. De los 40 acusados, la Audiencia de Zaragoza ha condenado finalmente a 28 en el mayor caso de corrupción urbanística en Aragón.
En una sentencia de casi 600 folios, los magistrados dan por probado que, entre septiembre de 1998 y diciembre de 2007, Pinilla y su familia recibieron 2,8 millones en prebendas (en metálico o mediante el pago de diversos gastos) del citado constructor, que consignó otros 885.308 en unas naves que la alcaldesa adquirió para sus hijos.
El empresario invitó a Pinilla y a su entonces marido, Juan Antonio Embarba, a un viaje a Montevideo (Uruguay) y Río de Janeiro (Brasil) en julio de 2005. También sufragó los gastos del picadero y los caballos de la familia Embarba Pinilla.
La alcaldesa guardaba el dinero de los cohechos en cajas de seguridad de entidades bancarias y su familia ingresó en cuentas bancarias, de 2004 a 2009, un total de 604.783 euros de origen ilícito.
El tren de vida era imparable. Una vivienda en la lujosa urbanización de Sotogrande (Cádiz) escriturada en 553.900 euros; 136.741 euros en reformas en su domicilio; un inmueble en una urbanización de la República Dominicana (295.785 euros); un piso en Madrid, dos en La Línea de la Concepción (Cádiz); tres apartamentos en Manilva (Málaga); varios locales y ocho plazas de aparcamiento en La Muela; once vehículos (Mercedes, BMW, Grand Cherokee y hasta un tractor) por los que la familia desembolsó 177.362 euros; una pista de tenis de 45.237 euros en casa de uno de sus hijos; un viaje a Polinesia, etc. Y todo pagado en su mayoría con dinero de origen ilícito, según consta en el fallo.
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