La Fiscalía apunta a CatDem como «canal directo» de sobornos para CDC

Anticorrupción investiga la comisión de seis posibles delitos, entre ellos financiación ilegal

Con esta nueva vuelta de tuerca de la «operación Petrum», la Fiscalía Anticorrupción pretende esclarecer, analizando la nómina de donantes de CatDem, si la fundación de Convergéncia Democrática de Catalunya (CDC) «es o no un canal directo de afluencia de dinero a la formación política desde los sobornos», aseguraron fuentes fiscales, que desvinculan la operación de cualquier trasfondo político y justifican los registros practicados ayer por el «riesgo demostrado de destrucción de medios de investigación y de prueba». Y es que los fiscales encargados de la tercera fase de la «operación Petrum» tenían claro que la investigación de los supuestos sobornos pagados por empresarios a Convergéncia, a cambio de adjudicaciones públicas de la Generalitat y de ayuntamientos controlados por CiU, no podía limitarse al ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona), origen de toda la instrucción judicial, donde se investigan el presunto pago de 1,4 millones en comisiones de Teyco, la empresa de la familia Sumarroca (cuyo patrón, Carlos Sumarroca, fue cofundador de Convergéncia) al entonces alcalde de la localidad, Daniel Masagué, imputado en este procedimiento. De hecho, Anticorrupción investiga la posible comisión de delitos de cohecho, blanqueo, prevaricación, financiación ilegal, alteración de concursos públicos y falsedad documental.

En el registro del despacho de Andreu Viloca en la sede de CDC el pasado agosto, la Guardia Civil comprobó cómo el administrador de CatDem era, además, tesorero de CDC y de las fundaciones Fórum Barcelona y Nous Catalans. Los agentes hallaron entonces nuevas evidencias del presunto pago de comisiones, que estructuraron en 25 bloques de documentos. Los más relevantes acababan de ser triturados en el propio despacho de Viloca, pero el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil consiguió reconstruirlos.

La Fiscalía insiste en que la actuación de ayer no es desproporcionada y que se ha respetado el derecho a la presunción de inocencia y «la especial condición de CDC como partido político».

La tercera fase de la «operación Petrum», desarrollada ayer, arranca en junio de 2014, cuando se llevó a cabo la denominada «operación Turm», que tenía como epicentro el ayuntamiento de Torredembarra, después de que se detectara una manipulación de un concurso público de un parking y «posteriores sobornos» por parte de Jordi Sumarroca al alcalde Masagué.

Como consecuencia del análisis de la documentación incautada, el pasado mes de julio se practicaron entradas y registros en la empresa Teyco y en el domicilio de Sumarroca, donde se localizaron «indicios relativos a la comisión de delitos de cohecho por el mismo alcalde, canalizándose hacia CDC, a través de “donaciones” a la Fundación CatDem». Todo ello, según las citadas fuentes, se realizó, al menos indiciariamente, como pagos realizados por el citado grupo empresarial a cambio de «adjudicaciones fraudulentas realizadas por entidades públicas». El mismo modus operandi se habría llevado a cabo en otros ayuntamientos gobernados por CDC: Figueras, Sant Celoni y Lloret de Mar.

El pasado agosto se practicaron nuevos registros en la Fundación CatDem y en la sede de Convergencia. De hecho, de la documentación obtenida se desprende el pago por parte de la empresa de Sumarroca del 3% del precio de adjudicación de sus contrataciones con dichos ayuntamientos, y la utilización de la citada fundación de CDC «para realizar, al menos, parte del pago».