España responde a la Fiscalía belga: Puigdemont iría a la cárcel de Estremera y tendría una celda individual si la pide

Si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ingresase en prisión, en caso de que se decidiera su encarcelamiento tras la extradición, iría al centro penitenciario de Estremera (Madrid VII), uno de los más “avanzados” de España, y podría disponer de celda individual si la pide o compartirla con alguno de sus exconsejeros.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ingresaría en la prisión de Estremera (Madrid) en caso de que se decidiera su encarcelamiento tras la extradición, un centro de los más avanzados de España, en el que podría disponer de celda individual si la pide o compartirla con alguno de sus exconsejeros.

Así se pone de manifiesto en la respuesta que España ha remitido a la fiscalía belga, que ha pedido a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela información sobre el sistema penitenciario y judicial español de cara a la comparecencia mañana ante un juez belga de Puigdemont y los cuatro exconsellers que huyeron a Bruselas.

Según han indicado a Efe fuentes de Instituciones Penitenciarias, en la respuesta a la pregunta de la fiscalía de “¿En qué cárcel quedarán encerrados?”, se asegura que Puigdemont y los exconsejeros varones irían a Estremera, a 70 kilómetros de la capital, y donde están en prisión preventiva los exmiembros del Govern que la juez Lamela envió a la cárcel.

Mientras, las mujeres huidas a Bélgica ingresarían en un centro penitenciario de la Comunidad de Madrid, previsiblemente el de Alcalá-Meco, donde están recluidas ya dos exconsejeras.

Las autoridades españolas han informado a la fiscalía belga de las condiciones de la cárcel Estremera, un centro tipo con un diseño muy avanzado, inaugurado en 2008 y con instalaciones que mejoran las de prisiones de otros países europeos.

De hecho, esta prisión cuenta con celdas amplias de 11 metros cuadrados, talleres para los internos, aulas y atención médica todo el día, así como los demás servicios propios de una cárcel.

A la pregunta de “¿Cuáles son las dimensiones de la celda en la cual el (los) implicados (s) serán encerrados?”, las autoridades españolas, según las mismas fuentes, han ofrecido a la fiscalía información adicional, como que cada celda está equipada para ser ocupada por dos internos y tiene inodoro y ducha con una separación para preservar la intimidad, así como conexión para televisión.

También informan a la fiscalía de que las celdas pueden ser compartidas pero se podría garantizar la estancia individual salvo que los facultativos observen riesgo de suicidio.

Y a la pregunta de su hay “superpoblación” en la cárcel donde ingresarían los huidos y las medidas que se tomarían para “impedir que los implicados se vean confrontados con las consecuencias negativas de tal superpoblación”, España señala que Estremera tiene 1.214 celdas y en la actualidad está ocupada por 1.071 internos.

De todos modos, Prisiones podría garantizar una celda individual si Puigdemont o los exconsejeros lo solicitan.

Las autoridades españolas han respondido a catorce preguntas sobre el sistema carcelario, entre ellas las relacionadas con la higiene, el acceso a equipamientos sanitarios o duchas y a la asistencia médica, la comida (¿Es suficiente y de buena calidad?, ha preguntado la fiscalía), las actividades recreativas y culturales o las visitas de familias o amigos.

Recuerda España que solo si protagonizan incidentes violentos especialmente graves, los internos pueden quedar encerrados en una celda de aislamiento, pero siempre supervisado por el equipo médico, autorizado por el director de la cárcel y comunicado al juez de Vigilancia Penitenciaria.

También tranquiliza a la fiscalía belga al haberle informado de que la comida responde a las exigencias dietéticas de los presos, edad, salud y costumbres; de que pueden ir al gimnasio, a la biblioteca y a talleres y de que los reclusos realizan vida en común con otros unas ocho horas diarias.

Garantizan asimismo las autoridades españolas una asistencia médica primaria, pero también la especializada en la red pública sanitaria, así como su derecho a la defensa facilitando el acceso a sus abogados y su integridad física con medidas de seguridad interior para evitar agresiones.

Independientemente de la respuesta de la jueza, el que sí ha contestado es el ministro del Interior,Juan Ignacio Zoido, que ha asegurado que Bélgica ya dispone de la información “detallada” sobre el sistema penitenciario español, como ha pedido la Fiscalía de ese país, y ha reiterado que nadie en Europa va a dar lecciones a España sobre su “ejemplar” estado de derecho.

Zoido ha hecho estas manifestaciones a los periodistas antes de participar en la entrega de la primera edición de los premios “Ayuda 11M” de la empresa de Ayuda a las Víctimas del 11M.

Sobre la petición de la Fiscalía belga, Zoido ha dicho que “se ha mandado toda la información, absolutamente detallada” sobre lo solicitado, y ha insistido en que “afortunadamente, España es un estado de derecho desde hace muchos años, la división de poderes es una realidad y nadie nos va a dar lecciones en Europa”.

Ha añadido que en España hay independencia judicial y “una división de poderes que es ejemplar”, a la vez que ha dejado claro que la Fiscalía belga tiene ya toda la información y ahora tomará la decisión que sea conforme a la legislación de ese país.

Preguntado por la decisión de algunos independentistas catalanes encarcelados por los acontecimientos del procés de presentarse a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, Zoido no ha querido hacer valoraciones y se ha limitado a señalar que pueden hacerlo y que su situación procesal no se debe a su pensamiento, sino por la comisión de hechos presuntamente delictivos.

Respecto a la supuesta amenaza de hackers rusos ante las elecciones del 21-D, el titular de Interior ha precisado que no hay “ninguna alarma en especial” y ha indicado que desde hace mucho tiempo en España se trabaja en ciberseguridad para evitar este tipo de ataques.

Lamela dictó el pasado 3 de noviembre órdenes europeas de detención contra el expresidente de la Generalitat y sus cuatro exconsejeros después de que un día antes no acudieran a declarar por su implicación en el desarrollo del ‘procés’ independentista. Además de los tres delitos que les imputó según la querella del Ministerio Público, añadió también prevaricación y desobediencia para los huidos.

Puigdemont y sus exconsejeros comparecerán mañana conjuntamente ante el mismo juez, que instruirá el caso en neerlandés a petición de los acusados, que eligieron este idioma para todo el procedimiento en detrimento del francés.

El juez podría tomar una decisión el mismo viernes si considera que cuenta con toda la información necesario para ello, aunque el escenario más probable apunta a que aplace su veredicto hasta estudiar las alegaciones presentadas por las partes. Los tiempos se alargarían también si alguna de las partes solicita más tiempo para preparar su argumentación y el juez lo autoriza.

Una vez se dicte sentencia sobre la entrega o no de los acusados a las autoridades españolas, la Fiscalía bruselense o las defensas de los cinco tendrán 24 horas para presentar recurso. Si esto ocurre, el caso se trasladará al Tribunal de Apelación.