El Fiscal abre la vía de la sedición

Insta a la Audiencia a investigar quiénes han «inducido, sostenido o dirigido» los altercados soberanistas frente a las consejerías para impedir la actuación judicial.

Desobediencia, prevaricación, malversación de caudales públicos... y sedición. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Jesús Alonso, dio ayer un paso más en la respuesta judicial al desafío soberanista y acordó la apertura de diligencias para investigar por sedición, un delito castigado con penas de hasta 15 años de prisión, las movilizaciones soberanistas de los pasados miércoles y jueves en Barcelona ante las consejerías de Economía, Exteriores y Gobernación para «impedir por la fuerza» a los agentes que cumplieran las órdenes de entrada y registro impartidas por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el referéndum soberanista. Además, el Ministerio Público hace referencia a los incidentes registrados frente a la sede de la CUP y a las agresiones a militantes socialistas a las puertas de la sede del PSC.

Aunque la Audiencia Nacional no puede investigar a los políticos aforados, como es el caso de Carles Puigdemont y sus consejeros (que sólo responden ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), en el escrito de la Fiscalía, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, deja claro que es necesario investigar «quiénes son las personas que han inducido, sostenido o dirigido estas actuaciones estas actuaciones» o si ha existido «un concierto de voluntades» que haya impulsado «movilizaciones generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad, incluso violentamente, ante una eventual oposición».

No puede desconocerse, continúa el Ministerio Público, que el objetivo de las personas congregadas era «impedir que funcionarios de la Administración de Justicia» y agentes de las Fuerzas de Seguridad «pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley» para conseguir «la celebración de un referéndum» que culmine en la proclamación de una república catalana independiente de España. En todo caso, la Fiscalía recuerda que el delito de sedición se puede castigar en sus modalidades de «provocación, conspiración y proposición» para cometerlo y hace hincapié en que cuando no se conozcan sus promotores «se reputarán como tales los que de hecho dirijan a los demás, o lleven la voz por ellos, o firmen escritos expedidos a su nombre, o ejerzan otros actos semejantes de dirección o representación».

Si la investigación de la Audiencia Nacional halla indicios de que Puigdemont y su Gobierno han impulsado esas movilizaciones, el juez instructor deberá trasladar los hechos al TSJ de Cataluña para que, si aprecia indicios delictivos, investigue a Puigdemont y sus consejeros por estos hechos. El Govern en pleno ya está siendo investigado por desobediencia, prevaricación y malversación por el Tribunal Superior catalán, pero no por sedición, un delito castigado con penas de cárcel muy superiores a las que prevé el Código Penal para la malversación, sobre todo si quienes lo cometen son autoridades o cargos públicos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide además al juez que instruya el caso que inste a la Guardia Civil a elaborar un atestado en el que informe de «todas las actuaciones llevadas a cabo para impedir la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado» los pasados días 20 y 21 en Cataluña.

Para el fiscal Carballo estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de sedición, anteriormente incluidos en los delitos contra la forma de Gobierno. En noviembre de 2015, el anterior fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, ya impartió una instrucción a las Fuerzas de Seguridad ante la posible existencia de un delito sedición en el proceso soberanista. Para la Fiscalía, la sedición es una «rebelión en pequeño» que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, consiste en «un levantamiento, sublevación o insurrección dirigidos contra el orden jurídico establecido, contra el normal funcionamiento de determinadas instituciones o contra autoridades».