La Fiscalía reclama la imputación de 712 alcaldes por ceder locales al 1-O

El oficio dictado por el fiscal general José Manuel Maza insta a que en caso de que los ediles no comparezcan cuando sean citados por los fiscales, se ordene a los Mossos que lleven a cabo su detención.

La Fiscalía está decidida a que se cite como investigados a los 712 alcaldes de localidades catalanas que se han comprometido a ceder locales de titularidad municipal para la celebración del referéndum independentista suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional. En una instrucción remitida a los fiscales de Cataluña, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordena además a los Mossos d´Esquadra que, en funciones de Policía Judicial, detengan «en el plazo más breve posible» a los regidores que se nieguen a comparecer ante la Fiscalía.

En esa resolución, Maza recuerda que la web de la Asociación de Municipios por la Independencia (www.municipisindependencia.cat) ha hecho público «que un nutrido grupo de alcaldes ha firmado un decreto para poner a disposición del Govern de la Generalitat los locales municipales necesarios para organizar el referéndum».

En esa misma web figura el listado de municipios que han firmado el decreto (ver gráfico adjunto): 208 localidades de Barcelona, 141 de Tarragona, 188 de Lérida y 175 de Gerona. Entre estos figuran, por ejemplo, ayuntamientos como los de Gerona, Martorell, Manresa, Reus, Vilafranca del Penedés, Vic, Sitges, Arenys de Munt, Torredembarra, Olot, Cadaqués, Rosas, Palamós, Palafrugell, la Pobla de Segur y Cervera.

carta de puigdemont

«Paralelamente, el Govern, que continúa con los preparativos del referéndum, ha contactado con todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma de Cataluña –añade el fiscal general– exigiendo que pongan locales a disposición» del 1-O a través de una carta firmada tanto por Carles Puigdemont como por el vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Contra ambos, recuerda, la Fiscalía ha interpuesto una querella por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Con estos antecedentes, el Ministerio Público ha decidido incoar diligencias de investigación por estos hechos «en relación con cada uno de los ayuntamientos» para que se cite como investigados (denominación procesal de los antiguos imputados) a los respectivos alcaldes «en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal».

Teniendo en cuenta la gran cantidad de municipios afectados (sin olvidar que algunos regidores están aforados por su condición de diputados autonómicos), Maza insta a los fiscales de Cataluña a citar en primer lugar a los alcaldes de las localidades de mayor población.

Prohibición «notoria»

El pasado día 7, el Tribunal Constitucional acordó, a instancias del Gobierno, la suspensión cautelar tanto de la Ley del Referéndum como de los decretos de convocatoria y de normas complementarias para su organización. A más de un millar de cargos públicos, entre ellos los 947 alcaldes catalanes, el TC notificó personalmente esa suspensión, instándoles a «impedir o paralizar» cualquier iniciativa que ignorase esa resolución y advirtiéndoles de las posibles responsabilidades penales en las que pueden incurrir en caso contrario.

El fiscal general insiste en su instrucción en que «la notoriedad de la prohibición de los actos de organización» del 1-O hace que cualquier conducta llevada a cabo por autoridades, funcionarios o particulares en connivencia con ellos para desobedecer los mandatos expresos del Constitucional pueda ser constitutiva de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. A diferencia de los dos primeros (penado con inhabilitación), este último está castigado con penas de hasta ocho años de prisión.

Al mismo tiempo, en otra instrucción firmada ayer, la Fiscalía de Barcelona ya ha acordado que los Mossos insten por escrito a «los policías locales de cada demarcación o territorio» a cumplir las órdenes de la Fiscalía de intervenir «los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal», requisando urnas, sobres, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas, impresos electorales, propaganda, equipos informáticos y «cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución» del 1-O.