El tesorero de CDC, primera «víctima» del 3% en la cárcel

El juez que investiga el caso del 3% ha decretado hoy prisión sin fianza para el tesorero de CDC, Andreu Viloca, acusado de seis delitos de corrupción, la víspera de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, comparezca en el Parlament para dar explicaciones.

El tesorero de Convergencia Democrática de Catalunya, Andreu Viloca, ingresó ayer en prisión provisional incondicional sin fianza, acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal, alteración de precios en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil, todo ello, en relación con la presunta financiación ilegal de CDC a través de su fundación.

El titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) adoptó esa medida a petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien argumentó la solicitud en la gravedad de los delitos y en la existencia de un riesgo cierto de que pudiese destruir pruebas.

En este sentido, hay que recordar que una documentación relevante de los posibles pagos de comisiones del 3 por ciento que las empresas adjudicatorias de contratos públicos pagaban a la Fundación CatDem, y que , posteriormente, iría a parar a las arcas de CDC, fueron encontrados por la Guardia Civil en una trituradora del despacho de Viloca.

En cambio, el magistrado acordó la libertad con cargos para el directivo de la empresa TEC 4 Antonio García Bragado, detenido ante los indicios de que pudo pagar comisiones ilícitas, y los dos empleados del área financiera de CDC: el secretario del patronato de la fundación CatDem, Carlos del Pozo, y la administrativa Anna Dolors Benítez. Por otro lado, fuentes de la investigación, consultadas por LA RAZÓN, han señalado que lo analizado hasta ahora, por más que algunos de los resultados sean espectaculares, afecta sólo al 25 por 100 de todo el material que la Benemérita ha conseguido incautarse desde que se iniciaron las pesquisas. Y eso, sin contar con el que se ha logrado recoger en los últimos registros y las declaraciones que han realizado personas de su entorno y que les incriminan en supuestos delitos. No se descarta, por lo tanto, que una vez esté el material preparado para ser entregado al juez, surja alguna otra sorpresa del calibre de la del director general de la empresa pública de la Generalitat de Adjudicación de Infraestructuras Públicas, Josep Antonio Rosell.

«Empresas amigas»

Tal y como adelantó este periódico, la Guardia Civil cuenta con el testimonio de varios empleados de su departamento que han confesado que les obligaba a modificar los pliegos de condiciones de licitación de las obras para que fueran adjudicadas a, se supone, «empresas amigas» de las que cotizaban el 3 por 100. La toma de manifestación de estas personas se ha realizado sin ningún tipo de publicidad bajo la dirección del juez, que ha visto cómo se acumulaban sobre su mesa unos datos en principio irrefutables de que la presunta corrupción llegaba a la mismísima y máxima Mesa de Corrupción de la Generalitat.

«El asunto acaba de empezar»

Lo mismo ocurre con la otra «cabeza» de la trama, Andreu Viloca, el tesorero que se hizo cargo de las funciones de Daniel Osácar en CatDem y Convergencia Democrática de Cataluña. El hecho de ser un hombre metódico, ordenado, que todo lo apuntaba en su agenda, ha sido su perdición. Una vez en manos de la Guardia Civil, obtenida a través del correspondiente registro ordenado por el juez, el análisis ofreció datos de empresarios, cantidades y otros asuntos relevantes para la investigación. Los agentes de la Benemérita han tomado cientos de declaraciones, no sólo a los empresarios que figuraban en la agenda, sino a personas próximas a ellas, con las que se están abriendo nuevas líneas de investigación.

El asunto del 3 por 100, como comenta en privado uno de los investigadores encargados del asunto del 3 por 100 que investiga la Guardia Civil, bajo la dirección de magistrado Josep Bosch Mijatvill, «no ha hecho más que empezar».

EFE