La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas por el 9-N

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la Generalitat Artur Mas y otros nueve años para las conselleras Irene Rigau y Joana Ortega, por prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional en la consulta soberanista del 9-N.

La Fiscalía pide diez años de inhabilitación para el expresidente de la GeneralitatArtur Mas y otros nueve para cada una de las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega por mantener la consulta soberanista del 9N pese a ser suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

"El acusado Artur Mas, a la sazón Presidente de la Generalitat de Cataluñaa, auxiliado directamente por destacados miembros de su Gobierno, las también acusadas JOana Ortega e Irene Rigau, como consejera de Governación y Consejera de Educación, respectivamente, y con intervención también del entonces consejero de la Presidencia, actualmente aforado ante el Tribunal Supremo, articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional"y decidieron convocar y llevar a cabo la consulta del 9-N de 2014. Éste es uno de los argumentos principales esgrimidos por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su escrito de acusación contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Para el el ex presidente de la Generalitat solicita 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y el ejercicio de funciones de Gobierno, tanto en el ámbito autonómico como estatal; mientras que para Ortega y Rigau reclama 9 años de inhabiltacion. A los tres les acusa de los delitos de prevaricación y desobediencia, excluyendo, tal como había acordado el instructor, el de malversación de caudales públicos, el único que podía llevar aparajedo penas de prisión.

En su escrito, el Ministerio Público centra la principal responsabilidad en Artur Mas, quien "intencionalmente y sin otro amparo que su mera voluntad, desatendió el mandato del Tribunal e incumplió la obligación, que como convocante le atañía, de dejar sin efecto el acto de convocatoria y, consecuentemente, cursar las órdenes correspondientes para detener los procedimientos en curso ante diversos departamentos y entes públicos de la Administración por él encabezada".

Por su parte, Joana Ortega, como vicepresidenta de al Generalitat, ejerció el control público y la coordinación de todas las actuaciones de preparación y desarrollo de la jornada de votación y habilitó su celebración; mientras que Irene Ortega, como consejera de Educación, puso los medios de su Departamento para garantizar que los directores de centros de enseñanza secundaria de la Generalitat, prestó el apoyo necesario para garantizar que los institutos pudieran estar acondicionados los días 7 y 8 de noviembre y abiertos el 9 para la celebración de la consulta que había prohibido el Tribunal Constitucional.

Con todo ello, la citada consulta tuvo, efectivamente, lugar, "bajo el control directo de la Administración autonómica presidida por el acusado Artur Mas", consumándose, de esa forma, la desodediencia al mandato del Tribunal Constitucional.