La Fiscalía imputa a Puigdemont un «despojo» de fondos públicos

La querella por desobediencia y prevaricación y malversación reclama la imposición de fianzas al Govern.

La Fiscalía cree que Puigdemont y el resto del Gobierno catalán están llevando a cabo un «despojo de fondos públicos» al impulsar la celebración del referéndum independentista, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional en la noche del pasado jueves. El Ministerio Público cree que el «uso ilegal» de esos fondos ya se está produciendo, por lo que en la querella presentada ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) imputa al presidente catalán y a los integrantes de su Ejecutivo no sólo los delitos de desobediencia y prevaricación, sino también el de malversación de caudales públicos, que a diferencia de los dos primeros sí lleva aparejadas penas de prisión (de entre tres y seis años).

En su denuncia, el fiscal jefe de Cataluña no sólo advierte la existencia de una actuación delictiva, sino que da un paso más. Los reiterados pronunciamientos del TC –argumenta–, junto a «las conductas, no menos reiteradas, directamente encaminadas a su incumplimiento, permiten acercarnos casi a la frontera de la evidencia o flagrancia delictiva».

Menos de 48 horas después de que el Parlament y la Generalitat consumaran el pasado miércoles una nueva desobediencia a los mandatos del Tribunal Constitucional con la aprobación de la Ley del Referéndum y su posterior convocatoria, la Fiscalía presentó ayer –tal y como había anunciado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza– las dos querellas anunciadas, que horas después fueron admitidas a trámite por el Tribunal Superior de Cataluña. La primera, contra Puigdemont y los trece consejeros de su Gobierno, y la segunda contra los cinco miembros de la Mesa de la Cámara autonómica, con Carme Forcadell a la cabeza, que permitieron su tramitación por su «contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales». En ambos casos solicita que sean citados a declarar como investigados y les imputa los tres delitos mencionados, aunque la Fiscalía reclama al TSJ catalán la imposición de una fianza –y, en su caso, el embargo de cuentas bancarias– sólo respecto a los miembros del Govern, para hacer frente al «uso ilegal» de fondos públicos para pagar los gastos del 1-0. Asimismo, el Ministerio Público pide al tribunal que cierre las dos webs (garanties.cat y connectat.voluntariat.gencat/referendum2017) con las que la Generalitat está impulsando «y dando una cobertura legal y de normalidad» a la celebración de la jornada electoral independentista.

Paralelamente a esas dos denuncias, el fiscal general del Estado ya ha impartido una instrucción general a la Fiscalía de Cataluña para que ordene a los máximos responsables de Mossos, Guardia Civil y Policía para que intervengan cualquier efecto (urnas, papeletas, equipos informáticos, sobres, impresos electorales, etc) vinculados a la organización del 1-O, incoando las correspondientes diligencias de investigación y formulando la oportuna denuncia o querella (para tal fin, la Fiscalía pide al TSJ de Cataluña que acuerde, en caso de ser necesaria, la pertinente autorización de entrada y registro en domicilios y otros lugares que precisen del visto bueno judicial).

En la denuncia contra Puigdemont y sus consejeros, el Ministerio Público no tiene dudas sobre la verdadera intención de los querellados, a la luz de su conducta reciente ignorando los mandatos del TC, que no es otra que celebrar el referéndum ilegal «que tiene por finalidad desmontar todo el orden constitucional».

Respecto a la malversación de caudales públicos (delito por el que finalmente la Fiscalía no acusó a Artur Mas por el 9-N), sostiene que «ha iniciado su ejecución, pues se ha puesto en marcha un procedimiento que va a generar un importante gasto público». El Govern, sostiene por si queda alguna duda, «está disponiendo de fondos para llevar a cabo su plan secesionista». Impulsar la celebración del referéndum supone, añade, «consumar el despojo de fondos públicos». Y trae a colación la jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual para que el delito se cometa no es imprescindible que se busque «el lucro como aprovechamiento personal». Basta, en definitiva, con «la disminución ilícita de los caudales públicos».

La Fiscalía advierte igualmente indicios de la comisión de una prevaricación continuada porque Puigdemont y sus consellers «utilizando arbitrariamente las potestades de las que estaban investidos como miembros del Gobierno, adoptaron acuerdos claramente contrarios al ordenamiento jurídico». No eran en ningún caso, recalca el fiscal, actos políticos, sino decisiones sin cobertura legal y con una «intrínseca arbitrariedad» que acarrean «una grave quiebra del ordenamiento constitucional» y que «dinamitan» el sistema de distribución de competencias.

Asimismo, cometieron un delito continuado de desobediencia al negarse «abiertamente a dar el debido cumplimiento» a las resoluciones del TC. Y eso que, recuerda, estaban «especialmente advertidos, pese a lo que persistieron en su «voluntad rebelde». Pese a esa «manifiesta inconstitucionalidad» que «no podía ser en absoluto desconocida por todos y cada uno de los miembros del Govern», estos aprobaron los dos decretos suspendidos para dar una aperiencia legal al 1-O.

Respecto a Forcadell y los otros miembros de la Mesa del Parlament que la secundaron, la Fiscalía dice que «posibilitaron la aprobación de unas leyes que de manera expresa se erigen en leyes supremas, por encima de la Constitución, otorgando al pueblo de Cataluña la cualidad de sujeto político soberano». Los querellados, aclara, no pueden escudarse tras una pretendida inviolabilidad parlamentaria, que «no es un privilegio personal que les inmunice de responsabilidad por actos manifiestamente ilegales».