La Fiscalía quiere que la Audiencia investigue la herencia de los Pujol

Pedirá a la jueza de Barcelona que instruye la causa que se inhiba, se plantea sumar el asunto de Oleguer Pujol y prefiere dejar fuera el «caso de las ITV»

La investigación del origen de la fortuna oculta en el extranjero de la familia Pujol tiene los días contados en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona. La Fiscalía Anticorrupción cree que la causa tiene que instruirse en la Audiencia Nacional y tiene previsto solicitar a la jueza Beatriz Balfegón que se inhiba del procedimiento en favor del juez José de la Mata, que investiga al primogénito del ex president, Jordi Pujol Ferrusola, por delito fiscal y blanqueo, aseguraron fuentes jurídicas, que no descartan que sea la propia magistrada quien solicite al fiscal del caso, Fernando Bermejo, que se pronuncie sobre esa posible inhibición. Se da de esta manera un primer paso de euna reiterada petición de los investigadores para que todas las causas contra los Pujol se unificara en un solo juzgado de la Audiencia Nacional en Madrid.

Anticorrupción esgrimirá para acumular ambas causas que Pujol Ferrusola reconoció ante Balfagón el pasado marzo (algo que varios de sus hermanos habían corroborado a la magistrada) que gestionó la fortuna familiar, que, como su padre, atribuyó a una herencia de su abuelo Florenci entre 1990 y 1992. Según explicó, ese supuesto legado de 140 millones de pesetas (800.000 euros) se invirtió en Andorra en productos financieros «de titularidad opaca» que reportaron a la familia años después ocho millones de euros. «Jordi Pujol Ferrusola gestionaba la herencia. Es el tronco de toda la investigación», subrayan esas mismas fuentes.

La Fiscalía tiene el convencimiento, además, de que trasladar la investigación a la Audiencia Nacional es la única manera de asegurarse la colaboración de las autoridades andorranas, que requirieron más datos (al margen de posibles delitos fiscales) que justifiquen la solicitud de información sobre las cuentas bancarias del matrimonio Pujol y de cuatro de sus hijos: el propio Jordi, Marta, Mireia y Pere. «Esos datos no los tiene el juzgado número 31, pero sí el número 5 de la Audiencia Nacional», pues en la causa en la que se investiga a Jordi Pujol Jr. ya han declarado varios empresarios. Aunque todos afirmaron al instructor y a la teniente fiscal de Anticorrupción Belén Suárez que facturaron a empresas de Pujol Ferrusola por labores de asesoría en sus negocios, en esos testimonios Anticorrupción sí aprecia indicios de que las cantidades cobradas por el hijo del ex presidente por esas supuestas tareas procederían de supuestos cohechos cometidos por Pujol Jr. para conseguir adjudicaciones. Esos datos, piensa la Fiscalía, serían suficientes para que Andorra facilitase toda la información reclamada, clave para apuntalar la acusación, una iniciativa que en el Juzgado de Barcelona ven en una preocupante vía muerta. «Andorra no se ha mostrado reticente, simplemente solicitó una ampliación de la información, pues únicamente con indicios de delito fiscal no van a cumplimentarla nunca», aseguran las fuentes consultadas. Esa información extra, recuerdan, fue remitida a las autoridades andorranas, «pero con el mismo contenido que la anterior», por lo que asumen que está condenada al fracaso.

Por el momento, Anticorrupción no es partidaria de acumular en una «macrocausa» todas las investigaciones abiertas a la familia Pujol. El «caso ITV», que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona (y en el que está imputado por cohecho el ex secratario de Convergència Democrática de Catalunya Oriol Pujol), seguirá en la Ciudad Condal. «La investigación está muy focalizada en Oriol Pujol y se encuentra, además, muy avanzada. Sería un desastre incluirla ahora en una “macrocausa”, pues sólo se conseguiría dilatar el procedimiento».

El otro frente judicial de la familia Pujol, la investigación a Oleguer Pujol por delito fiscal y blanqueo que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, sí podría terminar sumándose a la previsible «macrocausa», pero Anticorrupción sostiene que hace falta avanzar más en la instrucción para plantear una posible inhibición que, no obstante, no se descarta a medio plazo y que, en todo caso, incluso podría acordar motu proprio sin esperar a una petición expresa de los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa. La UDEF investiga por un lado en este procedimiento siete supuestos «pelotazos» urbanísticos de Oleguer Pujol (en operaciones por valor de 2.000 millones de euros); por otro, a su ex socio Luis Iglesias por delito fiscal y, por último, supuestas irregularidades cometidas a través de la empresa que compartían, Drago Capital.

Lo cierto es que la acumulación de datos sobre estos asuntos hace sospechar que distintos miembros de los Pujol Ferrusola actuaban como una auténtica trama, según fuentes de los investigadores consultadas por LA RAZÓN. De ahí la necesidad de unificar los distintos sumarios, en la medida y en el tiempo que aconsejen las diligencias, en un solo juzgado de la Audiencia Nacional.

Además, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) del Cuerpo Nacional ha concluido ya varios de los informes que ha elaborado sobre miembros de la familia Pujol y los ha remitido a los juzgados competentes.

Entre ellos, el que afecta al hijo del ex presidente, Jordi Pujol Ferrusola, por lo que los magistrados podrían comenzar a ordenar diligencias con carácter inmediato, entre las que no se descartan detenciones.

El contenido de dichos informes se mantiene, por esta razón, dentro del máximo secreto, con expresa advertencia sobre posibles filtraciones dadas experiencias anteriores que han llegado a poner en peligro las pesquisas que realizaban los agentes policiales.