Caso Palau
La Fiscalía pide 53 años de cárcel por el «Caso Palau»
El Ministerio Público rebaja a casi la mitad las penas para Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, tras el expolio millonario Generalitat, mientras que Salguero denuncia «mordidas» para CiU
El Ministerio Público rebaja a casi la mitad las penas para Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, tras el expolio millonario Generalitat, mientras que Salguero denuncia «mordidas» para CiU.
El juicio por el polémico expolio de las cuentas del emblemático del Palau de la Música sigue adelante, y ya le quedan pocas fechas. En teoría, aunque todo va con retraso, debería acabar en junio, y la sentencia tendría que darse a conocer en septiembre, pero son conjeturas. De momento, lo sustancial es que ayer la Fiscalía sus definitivas penas de cárcel, y hubo sorpresas debido a la notable rebaja de peticiones de pena para los principales investigados: el ex presidente de la entidad, Fèlix Millet; su ex mano derecha, Jordi Montull; su hija, la ex directora financiera Gemma Montull; y también el ex tesorero de CiU Daniel Osàcar.
Fuerte rebaja
Los dos principales acusados de un expolio de las cuentas que podría ascender hasta los 35 millones de euros vieron ayer como el fiscal Emilio Sánchez Ulled, que en las primeras sesiones del juicio se había mostrado muy contundente, rebajaba de forma importante sus peticiones de penas de cárcel tras las confesiones. El principal acusado, Millet, tendrá que afrontar una petición de prisión de 14 años y nueve meses en lugar de la inicial de 27 años y medio. El ex presidente de la entidad confesó que obtenía dinero de adjudicatarios de obra pública y se reservaba una comisión.
Durante su declaración, Millet admitió abiertamente que hubo mordidas para Convergència, extremo confirmado por diferentes testigos que declararon en los días posteriores también confirmaron estos hechos.
El segundo gran acusado, ex director administrativo del Palau Jordi Montull también ha visto cómo se rebaja su petición de pena de cárcel, en este caso de 27 años y medio a 10 años y diez meses. La defensa de Montull , además, logrará librar con toda seguridad a su hija de la cárcel, puesto que tras los acuerdos alcanzados con el Ministerio Público tan sólo se la acusará de complicidad.
Sin embargo, la situación para el ex tesorero de CDC Daniel Osàcar es diferente, ya que su petición de cárcel se eleva medio año hasta alcanzar los ocho.
El conjunto de las penas que ahora pide la Fiscalía para los siete acusados asciende ahora a 53 años de cárcel, mientras que en la petición inicial sumaba más de cien años, casi el doble de la demanda actual.
El pacto de Jordi Montull con la Fiscalía es evidente, teniendo en cuenta que Sánchez Ulled rebajó su petición de pena para Gemma Montull de 26 años a dos, por lo que, independientemente de la sentencia, no deberá ingresar en la cárcel, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes penales. En su declaración, la ex directora financiera negó todos los hechos y aseguró que las «mordidas» no pasaban en ningún momento por sus manos.
Aparte de Osàcar, todo fueron rebajas en las peticiones de cárcel. ¿El motivo? Lo expuso el propio fiscal. Consideró como atenuante las confesiones de comisiones ilegales.
Es diferente la situación para el ex tesorero de CiU, que no admitió los hechos. El fiscal le considera coautor de un delito de tráfico de influencias, de un delito continuado de blanqueo de capitales en concurso con un delito continuado de falsedad de documento mercantil, y además le pide una multa de diez millones.
En el caso de los dos principales acusados, Millet y Jordi Montull, el fiscal les considera coautores de un delito continuado de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, así como un delito continuado de falsedades en documentos mercantiles, blanqueo de capital, contra la Hacienda pública.
Respecto al resto de penas de cárcel, la ex directora general del Palau, Rosa Garicano, afronta una pena de dos años y medio de cárcel, al ser considerada cómplice de de un delito de apropiación indebida y falsedad. Dos empresarios de una constructora vieron aumentada su posible pena, que podría ser de cinco años.
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