La Fiscalía requisará las urnas y papeletas para impedir la celebración del 1-0

El fiscal general anuncia una segunda querella contra Puigdemont y su Gobierno por la convocatoria del referéndum. Se une a la denuncia que se presentará contra los miembros de la Mesa del Parlament que avalaron su tramitación.

La Fiscalía ordenará a Guardia Civil, Policía y Mossos d´Esquadra que intervengan todos los preparativos materiales del 1-O. Así lo avanzó ayer el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en una breve comparecencia en la que aseguró que «ante la gravedad de la situación» generada en Cataluña el Ministerio Público cursará las instrucciones oportunas para que los agentes de esos tres cuerpos, en su papel de Policía Judicial, se incauten de todos los «efectos e instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal».

Maza también explicó que la Fiscalía está ultimando la presentación de sendas querellas. A la anunciada contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa de la Cámara autonómica que permitieron la tramitación de la Ley del Referéndum de autodeterminación se unirá una segunda contra Carles Puigdemont y el resto de integrantes de su Gobierno «por haber dictado los decretos de convocatoria y organización del referéndum». Ambas denuncias se presentarán a la mayor brevedad en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ante el que están aforados, por razón de su cargo, los inminentes querellados.

Lo que sí ha hecho ya la Fiscalía General del Estado ha sido –con el «pleno acuerdo» del fiscal superior de Cataluña y de los fiscales jefes de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona– impartir las oportunas instrucciones para que las fiscalía catalanas, con el auxilio de la Policía Judicial (Guardia Civil, Policía y Mossos)– «investiguen cualesquiera actuaciones dirigidas a la organización del referéndum ilegal». Y es que el Ministerio Público advierte indicios de la posible comisión, al menos, de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Los dos primeros llevan aparejada la inhabilitación como cargo público, pero el tercero está castigado con penas de prisión.

El ex presidente de la Generalitat Artur Mas fue condenado por desobediencia a dos años de inhabilitación por ignorar el mandato del Tribunal Constitucional y seguir adelante con la organización de la consulta del 9-N de 2014, pero la Fiscalía no le acusó finalmente de malversación (como tampoco hizo con la ex vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau). Según los fiscales del caso, los gastos de organización y de la consulta estaban comprometidos antes de que el TC la suspendiera, por lo que la Generalitat no podía dejar de pagarlos. En esta ocasión, la Fiscalía sí ve indicios de una posible malversación de fondos públicos si el Gobierno de Puigdemont sigue negándose de forma contumaz a acatar las resoluciones del TC y aprueba la utilización de dinero público para la organización del referéndum.

Maza aseguró que al convocar el referéndum de autodeterminación, los responsables de la Generalitat han actuado «en violación de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía», desobedeciendo «frontalmente los reiterados pronunciamientos» del Constitucional. Y garantizó que tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como la Fiscalía de Cataluña, ante el TC y el Tribunal de Cuentas «seguirán actuando con firmeza, proporcionalidad, celeridad y con plena sujeción a la legalidad para garantizar nuestro marco de convivencia».

Rechazo unánime de las tres asociaciones de fiscales

Las tres asociaciones fiscales expresaron ayer su «conmoción» y «honda preocupación» por lo sucedido en el Parlament el pasado miércoles. En un comunicado conjunto, la Asociación de Fiscales, la UPF y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales dejan constancia de su «rotundo rechazo» a la «flagrante y reiterada vulneración de la legalidad». Se trata, dicen, de un «problema político», pero denuncian que «una apretada mayoría de diputados del Parlament no puede dinamitar la estructura legal y constitucional» del Estado.