La Fiscalía valora pedir prisión para Puigdemont y los ex consellers

La reiteración delictiva, el riesgo de fuga, la gravedad de los delitos y las elevadas penas de prisión que acarrean la rebelión y sedición sustentarían la solicitud de esta medida cautelar.

El horizonte procesal del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus trece ex consellers, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras, se ensombrece por momentos. Y es que, según fuentes fiscales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional sopesa solicitar a la magistrada Carmen Lamela, que acuerde la prisión provisional de los investigados. En el caso de que el ex president o alguno de sus antiguos consejeros no se presenten hoy en la sede del tribunal, la petición de prisión del Ministerio Público sería inmediata y acompañaría a la solicitud de librar una orden europea de detención y entrega (OEDE) a Bélgica, o a cualquier país de la Unión Europea donde se refugiasen los imputados en rebeldía, con el objetivo de ponerles a disposición de la Justicia española.

La querella de la Fiscalía por rebelión, sedición y malversación ya apuntaba a los motivos para solicitar una medida de tal gravedad. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, hace alusión en esa denuncia tanto a «la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas» como a «la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración» delictiva. Y avisaba igualmente de que, en caso de que hiciesen oídos sordos al llamamiento judicial, la Fiscalía solicitaría su «inmediata detención».

Pero, desde entonces, esos indicios no han hecho sino agravarse, sobre todo con el viaje a Bruselas –coincidiendo con la presentación de la querella de la Fiscalía– de Puigdemont y seis de sus ex consejeros, que no hace sino alimentar otro de los supuestos que resulta determinante a la hora de adoptar una medida provisional de privación de libertad, eludible o no con el pago de una fianza: el riesgo de fuga. Un riesgo de que los imputados se sitúen fuera del alcance de la Justicia española que se acrecienta por el hecho de que la mayor parte de los destituidos miembros del Govern, con el ex presidente de la Generalitat a la cabeza, no aceptan su cese y siguen actuando como si estuviesen aún en el ejercicio de sus cargos. Una conducta con la que supuestamente estarían sumando la comisión de un delito más, el de usurpación de funciones, castigado con penas de hasta tres años de prisión. El hecho de que Puigdemont insista en calificar la investigación judicial como «política» y reclame un proceso «justo» no hace sino avivar esos indicios de riesgo de fuga.

Con estos mimbres, fuentes de la Fiscalía aseguran que «lo normal» es una petición de prisión, sin descartar que sea incluso de carácter incondicional y no eludible mediante el pago de una fianza. En todo caso, si finalmente el Ministerio Público no instase la medida de todos los investigados o de parte de ellos la solicitud de retirada del pasaporte y de prohibición de salir de España sin autorización judicial sería ineludible. Unas medidas que vendrían acompañadas, previsiblemente, de la obligación de comparecencias periódicas en el juzgado y de facilitar un domicilio para estar localizados en todo momento. Así se impediría que busquen refugio en el extranjero en pos de su objetivo de internacionalizar el proceso soberanista tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución española por parte del Gobierno.

El delito de rebelión castiga con penas de hasta 30 años de prisión a quienes se alcen pública y tumultuariamente para, entre otros objetivos, lograr la independencia de una parte de España. La Fiscalía entiende que para que se cumpla el requisito de la violencia no es necesario «que se esgriman armas ni combate ni violencias graves contra las personas, circunstancias que supondrían en todo caso agravantes del delito». No obstante, la querella firmada por el fiscal general sostiene que lo que se produjo en Cataluña en los días previos y posteriores al referéndum ilegal del 1-O, y en la propia jornada del referéndum, fue «una insurrección, un levantamiento violento alentado» por Carles Puigdemont y su Govern.

Por si la Audiencia Nacional considera que ese requisito de violencia no queda colmado por el comportamiento de los investigados, la Fiscalía plantea una calificación alternativa de los hechos como sedición (un delito que lleva aparejada una pena máxima de 15 años de cárcel) dado que con la celebración de la consulta ilegal se pretendía «impedir la aplicación del ordenamiento jurídico» al margen de las vías legales.