La Generalitat antepone la participación a la legalidad

Advierte de que habrá urnas si lo avala una mayoría suficiente

El Govern de Carles Puigdemont continúa reduciendo la lista de requisitos para dar por bueno el referéndum de autodeterminación de Cataluña. No es necesario que sea legal y acordado con el Gobierno; no hace falta ajustarse a las recomendaciones de la denominada Comisión de Venecia (un organismo asesor del Consejo de Europa); no es imprescindible la implicación de todo el mundo local; y tampoco es un impedimento que Junts pel Sí y la CUP sean las únicas formaciones que apoyen la consulta unilateral. La única vara de medir su validez, según Puigdemont, es la participación aunque, en realidad, tampoco situó un mínimo. «Con un 15 por ciento de participación no sería válido», es la única concesión que se prestó a realizar.

El presidente de la Generalitat fue ayer el protagonista de un almuerzo organizado por la entidad independentista «Sobirania i Justícia» centrado en analizar los preparativos del referéndum. Puigdemont volvió a aprovechar los micrófonos para dirigir un mensaje al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con quien hoy coincidirá en la inauguración del Salón del Automóvil en Barcelona. «Que se mueva del despacho y abandone la pereza», le dedicó.

«último intento»

La intención de Puigdemont es realizar un último intento de aproximación a Rajoy en las próximas semanas antes de lanzarse por la pendiente del referéndum unilateral. Aprovechará, para ello, el rebufo de los trabajos del Pacto Nacional por el Referéndum, una entidad que el próximo viernes, 19 de mayo, presentará las más de 400.000 firmas ciudadanas (un 7 por ciento del censo catalán) en favor de la autodeterminación de Cataluña.

Con estos avales, el titular de la Generalitat intentará forzar un movimiento del presidente del Gobierno. «El Estado tendrá una propuesta formal por nuestra parte. Estaremos atentos a la respuesta y si no quiere hablar haremos el referéndum», garantizó Puigdemont, que, a continuación, subrayó que la validez de esta votación sólo depende de los catalanes y de nadie más. «Lo que hace válido el referéndum no es el permiso del Estado, sino la participación sustantiva de la gente», subrayó. Pero se negó a aclarar la cifra «sustantiva».

En cualquier caso, quitó hierro a las maniobras que pueda realizar el Gobierno para impedir el referéndum. «No tienen tanto poder para frenar el deseo de democracia», aseguró. De hecho, la única posibilidad que concedió al Gobierno para modificar los planes soberanistas es cambiar el calendario. «El Estado sólo tiene una manera de frenar que el referéndum sea en septiembre y es dialogar y pactar otra fecha. Las amenazas no pararon el 9N», recordó Puigdemont.

Tan siquiera el papel de la UE preocupa al presidente de la Generalitat porque está convencido de que la Unión se adaptará a las circunstancias una vez se plasme en las urnas el presunto deseo mayoritario de independencia en Cataluña. «Ante una decisión clara de los catalanes, la UE no hará de chico de los recados del Estado español», auguró Puigdemont.

¿Y la impugnación por la compra de urnas, preocupa a la Generalitat? Tampoco. «La Fiscalía sabrá lo que hace. Tendrá que argumentarlo muy bien porque el nuestro es un concurso público clavado al que hizo Andalucía. Es escrupuloso con la ley. Supongo que el Consejo de Ministros decidirá si lo recurre. Saben que no hay base jurídica», dijo con enorme tranquilidad.

Finalmente, se refirió al papel de los Mossos d’Esquadra en la autodeterminación. «Que obsesión de fijarse con los Mossos. Los Mossos no organizan ningún referéndum. Son servidores públicos que pueden tener opiniones personales, pero el ejercicio de su trabajo no tiene nada que ver con las opiniones políticas», afirmó Puigdemont, también despreocupado de esto.