La Generalitat obligaba a sus empleados a cambiar los pliegos

El otro hombre clave de toda la «trama» investigada era el director general de la empresa pública de la Generalitat de adjudicación de Intraestucturas, Josep Antoni Rosell i Polo –también detenido–, contra el que la Guardia Civil tiene sólidas pruebas.

Los agentes del Instituto Armado cuentan con el testimonio de varios empleados de su departamento que han confesado que Rosell les obligaba a modificar los pliegos de condiciones de licitación de las obras para que fueran adjudicadas a, se supone, una serie de «empresas amigas» de las que cotizaban el 3 por ciento. Es decir, que la «trama» llegaba, nada más y nada menos, que a la mesa de contratación de las obras del Gobierno catalán.

Los investigadores encargados del caso consideran que la marcha de las pesquisas puede aportar nuevas pruebas contra esta persona, de la máxima confianza de Convergència Democrática de Cataluña (CDC), y que el escándalo puede alcanzar unas proporciones pocas veces conocidas.

Se trata de un hombre gris, al que pocas veces se le ha visto, a diferencia de otros como Viloca, Osácar y otros políticos relacionados con las cuentas de CDC y la Generalitat de Cataluña, en «primera línea de fuero».

Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil han logrado dar con lo que se podían denominar las «dos cabezas de la serpiente» de la trama de cobro del 3 por ciento.

El Plan era perfecto (hasta que la Benemérita lo ha desmantelado). Uno controlaba las finanzas del partido y la Fundación y el otro las adjudicaciones. Es seguro que pocas veces habrán discutido entre ellos, como no sea sobre temas económicos.

Parecía, según aseguran las citadas fuentes, una «trama perfecta», amparada en el silencio de quienes sabían y callaban, que eran muchos, hasta que, la labor paciente de los agentes de la Guardia Civil logró los testimonios incriminatorios.

A la vista de las evidencias que se van obteniendo, hablar de una operación jurídico-política contra el sececiosinismo catalán, además de absurdo, puede resultar peligroso, según apuntan los observadores políticos.