La trama del Canal ocultó decenas de millones en paraísos fiscales

Los integrantes de la supuesta red corrupta de cobro de mordidas en torno a la empresa pública desviaban el dinero a través de empresas pantalla o testaferros. Los agentes registraron ayer seis empresas de un total de diez en busca de irregularidades en los contratos.

Los presuntos implicados en la trama de cobro de comisiones que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga sobre supuestas irregularidades en el Canal de Isabel II esconden su dinero en «paraísos fiscales». De momento, según han confirmado fuentes de la investigación consultadas por LA RAZÓN, no se ha calculado el montante del dinero que se ha sustraído, por lo que las cifras que se puedan dar ahora son cálculos sin ninguna base real. En cualquier caso, la cantidad que intuyen los agentes que están al frente de las pesquisas va a ser importante.

Tomando como base la denuncia realizada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Cristina Cifuentes, la UCO ha logrado localizar otras empresas que habrían dado dinero a los componentes de la trama a cambio de la concesión de obras. En total, van a ser investigadas una decena de entidades industriales, cuyos registros se iniciaron ayer con OHL, Indra y Saerco, entre otras. Se trata de comprobar si las pistas iniciales obtenidas se confirman con los documentos y material informático que se ha obtenido durante dichos registros. Asimismo, y en la línea de comprobación de datos, agentes de la UCO requirieron ayer en la sede de la consultora PwC los contratos de esta compañía con la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid.

Informe de la UCO

El material que se está obteniendo y el que se incaute en las empresas que serán registradas en los próximos días va ser sometido a un riguroso análisis por los expertos de la UCO, con el fin de elaborar el correspondiente informe para el juez instructor y para la Fiscalía. El trabajo no estará terminado antes de un año, dada la complejidad de los datos que hay que analizar y las comisiones rogatorias que habrá que emitir a los citados paraísos fiscales donde estaría escondido el dinero, se supone que a nombre de testaferros o de empresas pantalla. «Se trata de encajar las piezas de lo que se presenta como un complicado puzle en el que los principales implicados han sido ya detenidos y registrados sus domicilios y despachos profesionales», agregaron las mismas fuentes.

Junto a esto, la Guardia Civil tiene previsto realizar nuevas detenciones, aunque en este caso «van a ser de poca monta», aseguran, por lo que respecta al núcleo de la investigación.

Sobre los años que lleva funcionando la supuesta trama ahora desmantelada, las referidas fuentes señalaron que no se puede dar una fecha exacta por el momento, aunque, probablemente, todo comenzó a partir de las irregularidades cometidas en el Canal de Isabel II.

En relación con el registro realizado ayer constructora OHL, se trataba de requerir información sobre el contrato para la construcción y explotación de la línea de Cercanías entre Móstoles Central y Navalcarnero, el cual fue adjudicado a la empresa en el año 2007.

Se da la circunstancia, según informa Efe, de que la sociedad Cercanías Móstoles Navalcarnero (Cemonasa), propiedad de OHL, entró en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) el pasado año 2016. Posteriormente, en marzo de este año, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid acordó la apertura de la fase de liquidación de la sociedad.

Este hecho conlleva la disolución total de la sociedad, la liquidación de todos sus bienes, la resolución del contrato de concesión suscrito en enero del año 2008 entre Cemonasa y la Comunidad de Madrid, y la obligación del pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) por parte del Gobierno regional.

En 2015, Cemonasa presentó una reclamación administrativa de resolución de la concesión al considerar que la Comunidad de Madrid había incumplido el contrato, una solicitud que se elevó posteriormente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. OHL reclama un total de 370 millones de euros a la Comunidad de Madrid: 320 millones por la inversión y 50 millones en concepto de daños y perjuicios.

En marzo de este año, la Comunidad de Madrid comunicó la apertura de un expediente de resolución del contrato a Cemonasa por «incumplimiento de las obligaciones» en las obras de ampliación y soterramiento de la línea C5 de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero.

El grupo constructor ha subrayado que cualquier proceso de licitación, adjudicación y contratación se realiza «con total transparencia y sujeción a la ley y a los estándares de buen gobierno corporativo». Y añade que tiene «una política de tolerancia cero» con la corrupción y «nunca ha pagado ninguna comisión a ningún partido político».

PWC, INDRA, LICUAS...

Es la misma respuesta que dieron el resto de empresas que ayer fueron registradas o en las que se requirió documentación y contratos. El objetivo de los agentes era el de descubrir si pagaban comisiones para la adjudicación de contratos o si se desviaban fondos tanto para la financiación del PP como mordidas a favor del ex presidente madrileño Ignacio González.

Y entre esa decena de compañías, también están en el punto de mira de los investigadores la empresa de construcciones hidráulicas, alcantarillado y mantenimiento de edificios Licuas; la empresa de servicios de navegación aérea Saerco; la multinacional española Indra o la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC). En todas ellas buscaban contratos de obras públicas y, en el caso de la última, los agentes requirieron los citados contratos con ICM.

Los requerimientos de información se han llevado a cabo por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, quien quiere obtener más datos sobre el posible pago de comisiones o si, como se piensa, ICM y otras empresas públicas se utilizaron para desviar fondos. ICM, ahora denominada Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid y que estuvo inmersa en el «caso Púnica», también recibió la visita de la Guardia Civil.

Los agentes tratan de buscar indicios sobre el presunto enriquecimiento particular de un entramado en el que figuran el ex presidente madrileño y otros de los doce detenidos el miércoles, entre los que se encuentran su hermano Pablo y su cuñado José Juan Caballero.