La hoja de ruta si vencía el «no»: otro referéndum «pasado un tiempo»

El libro blanco de la independencia admite que la DUI sin capacidad de gobernar no tiene sentido.

El rechazo a la independencia en un referéndum pactado con el Estado no cerraría las puertas a la secesión, según la hoja de ruta diseñada por la Generalitat. Varios documentos intervenidos en los registros ordenados los pasados 20 y 21 de septiembre por el titular del Juzgado número 13 de Barcelona, que investiga la organización del 1-O, plantean los posibles escenarios tras la celebración de una consulta sobre la ruptura con España. Y en esa documentación
–incorporada a la investigación judicial– queda claro que un posible fiasco en las urnas para los intereses soberanistas lo único que haría sería retrasar el objetivo final. En uno de éstos, el Libro Blanco para la Transición Nacional de Cataluña –que el ex president Artur Mas presentó públicamente en septiembre de 2014– se afirma, por ejemplo, que la victoria del «no» en las urnas «no puede impedir el planteamiento de nuevos proyectos de reforma e, incluso, pasado un tiempo razonable, nuevos proyectos de consulta sobre la creación de un Estado independiente».

En el supuesto de celebración de una «consulta legal», el documento elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional insiste en que el actual modelo de encaje de Cataluña en España «no puede quedar petrificado». Eso sí, admite que el efecto inmediato de una victoria del «no» obligaría a la Generalitat a desistir de «plantear una propuesta de creación de un Estado propio y/o independiente». «Al menos en el futuro más próximo», matiza.

Sin embargo, la hoja de ruta hacia la independencia real hace hincapié en que ese resultado negativo «no se puede interpretar como una opción a favor del mantenimiento del statu quo» que excluya para el futuro «modificaciones o reformas del modelo actual».

Ese libro blanco también arroja luz sobre el escenario ideal para proclamar la declaración unilateral de independencia (DUI), que según sus previsiones –que a la luz de lo sucedido el pasado 27 de octubre en el Parlament no se tuvieron en cuenta– «sólo se puede producir, para ser eficaz, cuando se puede ejercer de manera efectiva el gobierno del territorio». Algo que implicaba «disponer de las estructuras de Estado básicas e indispensables». Los separatistas ya contaban con la actitud «beligerante» del Estado que les impediría poner en marcha esa estructura paralela «con tiempo y en un clima de normalidad» si la actitud del Gobierno hubiese sido «pasiva». Pero no abrigaban duda alguna de que la DUI «resulte efectiva» esas estructuras de Estado debían «tener la entidad y la capacidad suficientes para asegurar el ejercicio de sus funciones básicas», algo que, como han admitido varios ex miembros del Govern, no sucedió. Sin esta condición, se asume que la república catalana «no podría nacer de forma efectiva».

El documento enumera un listado de agravios que llevan a concluir que los ciudadanos de Cataluña «tienen un carácter permanente de minoría en España», por lo que «no pueden esperar obtener garantías políticas y jurídicas adecuadas dentro del Estado español». Entre otros, el supuesto déficit fiscal, «el volumen bajo de las inversiones públicas», el rechazo a negociar un pacto fiscal y «las decisiones dirigidas a convertir el catalán en una lengua progresivamente marginal».

Una situación que, según esa hoja de ruta hacia la independencia, sólo aboca a «una única decisión posible»: que Cataluña pudiera «vetar aquellas normas o intervenciones españolas que perjudicaran los intereses catalanes». Un poder de veto que, reconoce, únicamente se da entre estados soberanos. Para resolver esa situación «intrínsecamente injusta» se apuesta por el proceso de autodeterminación, el «último recurso».