La jueza apunta a Chaves y Griñán en el diseño y ejecución de los ERE

La juez que instruye el caso de los ERE, María Núñez, ha abierto una pieza separada que incluye como presuntos autores de un delito de prevaricación a los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán así como a otros cincuenta ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Los ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como la ex responsable de la Hacienda andaluza Magdalena Álvarez, el «hombre fuerte» de Chaves y ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías y el ex director general de Empleo Antonio Guerrero figuran entre los 53 ex altos cargos de la Junta contra los que la jueza María Núñez Bolaños ha incoado diligencias previas en la pieza separada que afecta al sistema de cómo se ideó el fraude de los ERE. En un principio, es probable que el primer juicio por este fraude se pueda celebrar el próximo año.

En la resolución, la magistrada considera que, indiciariamente, todos ellos han podido incurrir en un delito de prevaricación por unos hechos relativos a la «participación activa y consciente en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico en todas sus variantes, con las importantes consecuencias que se derivan de los informes elaborados por la Intervención General de la Junta de Andalucía en el seno del control financiero permanente del IFA (Instituto de Fomento de Andalucía)/ IDEA (Instituto de Desarrollo Económico de Andalucía)» que siguió la Junta para el pago de ayudas sociolaborales a empresas en crisis entre los años 2001 y 2010, que, en realidad, no fueron ayudas sino auténticas subvenciones. En esos informes, la Intervención ya advertía que se estaban utilizando partidas que tenían que ir dirigidas a ayudar a empresas en crisis para «auténticas subvenciones», sin seguir el procedimiento legal.

En este sentido, la resolución de la jueza Bolaños destaca que el sistema de «transferencia de financiación», que tenía como finalidad las ayudas sociolaborales a empresas en crisis, «se utilizó en la práctica, por parte del consejero de Empleo y del director general de Trabajo, con el fin de conceder subvenciones, implantando así, de hecho, la Consejería de Empleo un «procedimiento específico”». En este escenario, en 2001 se firmó el Convenio Marco de colaboración entre la Consejería de Empleo y el IFA para la materialización de ayudas en materia de Trabajo y Seguridad Social, el cual «no fue informado ni por la Intervención General ni por el Gabinete jurídico de la Junta».

Ilegal y oculto

Sin embargo, a partir de 2002, ese concepto presupuestario se consignó «directamente, de manera ilegal, toda vez que la partida de «Transferencia de Financiación al IFA» no era la preceptiva «para la concesión de subvenciones». De esta forma, cuando el IFA/IDEA ejecutaba sus presupuestos, los «gastos» que se habían consignado con el «destino oculto de pagar las subvenciones» no se producían como tales gastos de explotación ni se contabilizaban en ese concepto. Esta misma «dinámica» y mismos «objetivos» son trasladables, señala la instructora de los ERE al respecto, a las modificaciones presupuestarias mediante las que se incrementaron los créditos de transferencia de financiación de la Consejería de Empleo a IFA/IDEA, ya que el «grueso de los fondos» se iba a destinar, en realidad, a «pagos» a terceros, «en concepto real de subvenciones, en la modalidad de ayudas sociolaborales a empresas en crisis».

Aval del Consejo de Gobierno

En este punto es donde aparecen las presuntas responsabilidades de los principales responsables de la Junta, quienes entonces eran sus presidentes, ya que, según consta en la resolución judicial, durante el periodo 2000-2010 se realizaron al menos 22 modificaciones presupuestarias en el programa «Administración de relaciones laborales», de las que 16 «fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía –al frente del cual estaba el presidente andaluz– a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda –Griñán y Magdalena Álvarez fueron sus responsables durante años– y 6 fueron aprobadas por el titular de esta Consejería –Viera y, posteriormente, Antonio Fernández–. También destaca una Instrucción de la Dirección General de Presupuesto de 2009, un «instrumento previo que propició el fin de las transferencias de financiación», en la que se viene «a admitir por la Consejería de Hacienda «que no se estaba cumplimentando la normativa en vigor y que, por tanto, se actuaba con criterios contrarios a la Ley».