Lamela deja en bandeja al Tribunal Supremo la macrocausa al «procés»

En contra de la Fiscalía, cree que la investigación conjunta es la «única manera» de comprender toda la trama independentista. No incluye la rebelión en el listado de delitos imputados a los querellados.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela está a favor, en contra del criterio de la Fiscalía, de que la investigación a Carles Puigdemont y su ex Govern, a la Mesa del Parlament y a los líderes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, "los Jordis", se centralice en un mismo juzgado, una decisión que acerca la macrocausa al Tribunal Supremo (TS). Esa es la conclusión a la que llega la magistrada en el informe remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que le requirió toda la información de su investigación con vistas a acumularla a la que él instruye contra Carme Forcadell y los ex integrantes de la Mesa que permitieron tramitar las leyes independentistas.

Lamela -que obvia la rebelión en la relación de los posibles delitos cometidos por los investigados (sedición, malversación, desobediencia y prevaricación)- entiende que la investigación por separado dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa. “La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común”, apunta. Además, recuerda que se están investigando delitos conexos, “razón por la que cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos, lo que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados”. Por ello, concluye que la investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes “es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia”.

En su escrito, Lamela sostiene que todos los querellados, así como otras personas investigadas, "forman parte de una compleja y heterogénea organización, donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario". Desde 2005, recuerda, han llevado a cabo una premeditada estrategia "perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles", lo que en su opinión impide que la investigación de los hechos se pueda escindir. Al contrario, se muestra partidaria de que se lleve a cabo "de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido".

Todos los investigados, sostiene, actuaban "con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario". Esa estructura estaba integrada tanto por el ámbito legislativo y autoridades parlamentarias como por el Ejecutivo -los miembros del Govern-, la sociedad civil (con los presidentes de ANC y Omnium a la cabeza), los Mossos d´Esquadra y determinadas personas pertenecientes al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya (CTTI) y a Diplocat, la red de "embajadas"de la Generalitat en el extranjero.

Por un lado, explica la magistrada, el Parlament era el encargado de aprobar las leyes en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del “proceso de desconexión”. Por otro, los líderes de asociaciones independentistas debían movilizar a las masas con el objetivo de crear en la ciudadanía "un sentimiento de rechazo"hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia, como ocurrió durante las concentraciones tumultuosas convocadas para impedir la ejecución de los registros judiciales en varias consejerías los pasados 20 y 21 de septiembre. ANC y Omnium, dice Lamela, actuaron "como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern"favoreciendo esas movilizaciones.

Lamela tampoco se olvida de los Mossos, a quienes atribuye un papel de "especial relevancia" en la hoja de ruta hacia la independencia pues según ella en ese plan soberanista resultaba "esencial"contar "con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’ Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban”. La magistrada entiende que la Generalitat hizo una "utilización ilegal"de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas tanto en los actos sediciosos y el 1-O como "en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales”.

En cuanto a la posible comisión de un delito de malversación, la instructora asegura que todas las actividades para la celebración del referéndum ilegal fueron al menos parcialmente financiadas con fondos públicos pese a las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional. El hecho de que la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de la partida presupuestaria destinada al 1-O fue efectivamente gastada, subraya Lamela, “no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines". Así lo atestigua, recuerda, la actuación de la entonces consellera de Gobernación Meritxell Borrás, "quien decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum".