Delito fiscal
La Audiencia investigará todo el patrimonio de los Pujol
La jueza cree que el padre fue «titular en la sombra» de la fortuna en Andorra
La juez de Barcelona Beatriz Balfagón ha decido inhibirse en favor de la Audiencia Nacional del procedimiento donde se investigaba todo lo relacionado con la fortuna que mantuvo oculta en Andorra Jordi Pujol, en el que están imputados el ex presidente de la Generalitat, su mujer Marta Ferrusola y sus hijos Jordi, Marta, Mireia y Pere. De esta forma, será el magistrado José de la Mata, titular de Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia, quien asuma el grueso de las causas abiertas contra la familia Pujol. En estos momentos, De la Mata investiga el presunto origen ilícito de cantidades millonarias que Jordi Pujol Ferrusola y sus hermanos Pere y Josep han tenido también en cuentas abiertas en entidades bancarias radicadas en el extranjero, algunas de ellas en paraísos fiscales.
Antes de argumentar los motivos por los que defiende que hay que unir las dos causas, la magistrada duda de que la familia Pujol hubiese regularizado fiscalmente el dinero que tenían en la Banca de Andorra: «La Agencia Tributaria no ha podido asegurar si la regularización fiscal se ha hecho correctamente, dado que no ha sido posible conocer si los fondos transferidos desde Andorra eran todos los que poseían los querellados, no habiéndose determinado el importe exacto, la existencia de otras cuentas en el país andorrano, la fecha en que ingresaron en los respectivos patrimonios, ni mucho menos el origen de los mismos».
Esa falta de información es la que hace sospechar que han podido incurrir en un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales, «por cuanto la ocultación y gestión de un patrimonio en el extranjero por más de 30 años, gran parte de los cuales transcurrieron durante la vida política del Sr. Pujol Soley, lleva a pensar que la ocultación obedecía al propósito de encubrir el origen delictivo del dinero».
De esta forma, entiende que hay una «estrecha relación» en los hechos investigados en ambos procedimientos, «por cuanto hay que entender que los fondos depositados en Andorra» a nombre de Jordi Pujol Soley, su mujer y sus hijos Jordi, Marta, Mireia y Pere, y que, según declararon éstos, procederían del legado de 3 millones de euros de su abuelo, «forman parte de los fondos que Jordi Pujol Ferrusola ha estado manejando y cuya ilicitud se encuentra investigando» el juez De la Mata. Por ello, argumenta que es necesario unificar ambas causas, por cuanto la investigación del origen de los fondos depositados en Andorra «no puede hacerse de forma independiente al resto de los fondos operados por Jordi Pujol Ferrusola».
Además, en su resolución duda que el dinero depositado en Andorra procediese del legado del padre del ex presidente de la Generalitat, una versión que según la magistrada, es una «improbable realidad». En cambio, considerar como tesis más verosímil que, «más que la herencia de su abuelo, lo que en realidad habrían recibido son los beneficios de las dudosas actividades económicas realizada por el mayor de los hermanos», es decir, por Jordi Pujol Ferrrusola.
De esta forma, al unir ambas causas, se podrá realizar un «análisis conjunto de la actuación de la familia Pujol» y avanzar en la investigación de todo lo relacionado con los fondos ocultados en Andorra, «que ante la falta de colaboración de las autoridades judiciales» del Principado, «había llegado a un punto muerto».
«Caso ITV»: Piden 11 años para Oriol Pujol
La acusación particular en el «caso de las ITV», ejercida por el «Grupo Itevelesa», el cual resultó perjudicado con el cambio de reglamentación sobre concesiones de esas estaciones, ha pedido 11 años de cárcel para Oriol Pujol Ferrusola, ex secretario general de CDC, a quien imputa los delitos de tráfico de influencia, cohecho y otro delito continuado de cohecho. La misma pena solicita para su mujer, Anna Vidal. En el cambio de ley para favorecer los intereses del empresario Ricardo Puignou tuvo un papel más que relevante Oriol Pujol por la influencia que tenía en CiU, lo que perjudicó a quienes fueron adjudicatarias anteriormente. Por esos «servicios prestados» habría recibido, a través de una empresa de su mujer, 46.400 euros, y, además «como contraprestación a los favores prestados» solicitó a uno de los socios de la empresa beneficiada otros 30.000 euros.
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