La jueza de los cursos de formación ignora la solicitud de investigación

La Guardia Civil ha enviado su petición hasta en tres ocasiones y todavía no ha recibido ninguna respuesta.

La operación no es que esté parada, sino enterrada, a efectos de la investigación de la Guardia Civil. De esta manera explican a LA RAZÓN lo ocurrido con el sumario sobre los cursos de formación en Andalucía tras dejar el Juzgado número 6 de Instrucción Mercedes Alaya y hacerse cargo del mismo María Núñez Bolaños.

Como ocurre con el «caso de los ERE», del que informó este periódico en su edición del pasado lunes (la citada juez no remite encargos de investigación desde hace meses), los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita han recibido el silencio por respuesta a las peticiones que han dirigido a Núñez para poder seguir las pesquisas. Y todo ello, pese a que dichas peticiones se han reiterado en varias ocasiones.

La situación ha generado en la mencionada Unidad de la Guardia Civil una sensación de estupor, ya que han llegado informaciones en el sentido de que los escritos que dirigían a Núñez Bolaños no se comunicaban a las partes. Por ello, desde la UCO decidieron enviárselos también a la Fiscalía Anticorrupción, con el fin de que tuviera conocimiento de su contenido.

Se ha dado el caso, asimismo, de que desde el juzgado sevillano se les transmitió a los agentes comentarios en el sentido de que algunas de los asuntos sobre los que la Guardia Civil pedía investigar se podían encontrar en internet o, simplemente, no procedía realizar pesquisas.

Este asunto, que en suma de dinero no justificado podría superar al de los ERE –la Guardia Civil llegó a cifrar en 1.298 millones de euros las ayudas para cursos de formación concedidas por la Junta de Andalucía entre 2002 y 2014, sin que se hayan justificado–, lo llevan varios juzgados de instrucción de todas las provincias andaluzas.

Hay diligencias abiertas en 18 sedes –aunque el grueso de las diligencias, que implica presuntamente a la administración andaluza, reside en el de Núñez Bolaños. El juzgado de Instrucción 9 de Sevilla también investiga, dentro del caso de las «facturas falsas» de UGT, el destino que dio este sindicato a varias subvenciones para cursos de formación.

En un informe entregado por la UCO al juzgado, los agentes apuntaban que los «procedimientos establecidos por la Administración para la correcta adjudicación, control y justificación de subvenciones con fondos públicos» destinados a acciones formativas para el empleo «no han sido aplicados debidamente». Se trataba de ayudas entregadas por la administración andaluza para cursos de formación y que posteriormente no se justificaban en tiempo y forma.

La Guardia Civil trata de llegar con sus pesquisas hasta el final de todo este asunto, hacia arriba y hacia abajo, pero si la jueza no les autoriza lo que piden no puede hacer nada. En este sentido, en ese mismo oficio, apuntaban que este procedimiento «irregular» era «imposible de sostener sin una actuación concertada, ejecutada de manera coordinada y prolongada en el tiempo por parte de los responsables de la Administración». Faltan por determinar qué sindicalistas, trabajadores, empresarios, etc, se han podido beneficiar. Lo mismo le ocurre a la Intervención General del Estado, que necesitaría todos los datos posibles sobre el asunto para estudiarlos. Las fuentes consultadas subrayan que el caso roza al actual Gobierno de la Junta de Andalucía, ya que hay pistas que datan del año 2014. En un auto dictado en mayo de 2015, la juez Mercedes Alaya imputó en la causa a diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de Andalucía, entre ellos el propio Daniel Fito, y a una jefa de servicio de la Dirección General de Formación, María Carril. Asimismo, a una jefa de servicio de la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo; al de Almería, Blas Méndez Capel; a Antonio Juan Vidal Agarrado, de Cádiz; a José Ángel Gil Flores, de Huelva; a José Luis Valentín, de Jaén; a los jefes de servicio de Formación de la delegación provincial de Granada, Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena; a la jefa de servicio de Málaga, María Isabel Almendro Flores, y al jefe de servicio de la delegación de Córdoba Manuel Gavilán Jiménez. De estos diez jefes de servicio sólo dos accedieron a declarar ante la jueza Mercedes Alaya.

Núñez Bolaños instruye el caso de los cursos de formación desde junio de 2015, tras la marcha de Mercedes Alaya a la Audiencia Provincial. En ningún momento esta última tuvo opción de seguir con esta macrocausa porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sólo le asignó a Alaya los ERE en la comisión de servicio solicitada en primera instancia y que acabó siendo revisada tras los enfrentamientos entre ambas instructoras. Desde el primer día, Núñez Bolaños trazó su propio camino en esta investigación. Lo primero que hizo fue anular una decisión de la anterior titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y reclamar a la Unidad Central Operativa (UCO) un informe sobre el estado en que se encontraban las diferentes pesquisas.

La Guardia Civil trabajaba en cuatro líneas de investigación: la existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones; la existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; las subvenciones otorgadas a empresas y fundaciones para la realización de acciones tendentes a la recolocación de los ex trabajadores de Delphi y empresas afectadas, y las subvenciones otorgadas a la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Ya en julio, la magistrada consultó a la Fiscalía sobre la procedencia de dividir en varias piezas la causa, a lo que el Ministerio Público era proclive y así se lo trasladó en septiembre. Esta división efectiva culminó el 19 de diciembre con un auto en el que troceó la investigación en nueve partes: tres de las cuales se centran en los entramados empresariales vinculados al ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda y a otras dos personas, mientras que cuatro de las piezas se centrarán en los consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y CTI. La octava pieza es la vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), un ente público de la Junta de Andalucía que dependía de la Consejería de Empleo. Por su parte, la última está relacionado con la «Operación Barrado» desarrollada en marzo del año pasado por la Guardia Civil, y dirigida por la jueza Mercedes Alaya, y en la que se detuvieron a 13 altos cargos de la administración autonómica.

En este sentido, el Ministerio Público «avaló» a finales del pasado mes de enero este plan de trabajo. La instructora ya ha iniciado diligencias previas de las tres primeras piezas en que dividió la macrocausa. En concreto, se va a centrar en los entramados empresariales que están vinculados al ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda; Rafael Velasco Sierra y José María Pérez González.

En marzo, Núñez Bolaños ha fijado algunas declaraciones en sede judicial, como la del jefe de servicio de Formación de la delegación provincial de Sevilla Daniel Fito, después de que éste solicitara declarar de manera voluntaria. Lo que sigue en parte pendiente es la petición de refuerzos para el juzgado, uno de los motivos esgrimidos de la parálisis inicial. Núñez reclamó a la Junta de Andalucía cuatro nuevos funcionarios «con capacidad y experiencia», solicitud reiterada en junio, julio y septiembre. Finalmente, se le asignaron dos, pero desde entonces la investigación tampoco ha avanzado.