Tribunal Supremo
La jueza de Podemos pide que el Supremo no la investigue
El tribunal no prevé resolver hasta saber si volverá a ser diputada
El tribunal no prevé resolver hasta saber si volverá a ser diputada
La ex diputada de Podemos y jueza en excedencia Victoria Rosell ha presentado un escrito ante la Sala Penal del Tribunal Supremo en que insta a que se inhiba de la querella admitida a trámite contra ella por los delitos de retardo malicioso, prevaricación y cohecho, y la remita al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Esta petición la realiza Rosell después de que haya formalizado su renuncia ser miembro suplente de la Comisión Permanente del Congreso, y, por tanto, haya dejado de estar aforada ante el Supremo. Antes de adoptar su decisión, la Sala ha pedido informe al Ministerio Fiscal, para que se pronuncie sobre la solicitud de la magistrada.
En todo caso, hasta ahora, cuando han sucedido casos similares, es decir, causas en las que estaba implicado algún diputado o senador, lo habitual ha sido esperar a comprobar si el afectado figura como candidato o no en alguna candidatura electoral. Si no concurre, el Supremo se inhibe de forma casi automática en favor del tribunal competente; pero si figura en la lista, se suele esperar a los comicios y ver si sale elegido o no, ya que si resulta electo, el Supremo mantedría la competencia, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas. El motivo principal es que no se produzca una paralización en la tramitación de esos procedimientos, ya que si se remite ahora, resultaría posible que dentro de pocos meses, la causa tuviese que ser asumida otra vez por el Supremo.
Por tanto, todo indica que el Alto Tribunal no se pronunciará sobre la petición de Rosell hasta conocer si será nuevamente candidata y si resulta o no elegida.
El pasado 26 de abril, el Supremo admitió a trámite la querella que interpuso el ex ministro José Manuel Soria contra Rosell por delitos de retardo malicioso en la administración de justicia, prevaricación y cohecho, todo ello relacionado con un procedimiento que instruía entonces y en el que estaba como imputado un empresario canario que tenía relaciones «comerciales» con su actual pareja sentimental.
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