Puigdemont intenta proclamar la independencia por vía de urgencia

Junts pel Sí y la CUP guardan celosamente el contenido de la llamada ley de transitoriedad jurídica (la norma que debe permitir el salto legal de la Cataluña autonómica a la Cataluña independiente).

Junts pel Sí y la CUP guardan celosamente el contenido de la llamada ley de transitoriedad jurídica (la norma que debe permitir el salto legal de la Cataluña autonómica a la Cataluña independiente). Apenas se sabe nada de este texto, pero sí que se conoce que sus impulsores lo quieren aprobar por la vía urgente en el Parlament, lo cual provocó ayer la queja unánime de todos los grupos de la oposición e incluso de los letrados de la Cámara.

Junts pel Sí registró el lunes en el Parlamento catalán una propuesta para modificar el reglamento de la Cámara y posibilitar así la tramitación exprés de leyes como la de transitoriedad jurídica. La Mesa del Parlament admitió ayer a trámite esta propuesta aunque exigió, tras la intervención de los letrados, que vaya condicionada a la creación de una ponencia conjunta para permitir la participación de todos los grupos parlamentarios.

El intento de modificar el reglamento del Parlament para permitir, a su vez, la aceleración de las leyes de desconexión provocó las protestas de toda la oposición, que coincidió en reprochar al bloque soberanista su «atropello». El trámite de urgencia está reservado a proyectos de ley del Govern y a iniciativas del Parlament destinadas a pedir modificaciones legales al Congreso de los Diputados. Los grupos parlamentarios, por tanto, no pueden invocar la vía urgente (sin debate y sin posibilidad de enmiendas) y eso es precisamente lo que pretendían corregir los soberanistas para poder aprobar de forma consecutiva la ley de transitoriedad jurídica y la convocatoria del referéndum de autodeterminación sin dar tiempo a intervenir al Tribunal Constitucional.

El portavoz adjunto de Junts pel Sí, Roger Torrent, admitió que la reforma del reglamento que impulsa su grupo debe servir para la «agilización» de las leyes de desconexión. Los grupos de la oposición, por su parte, comenzaron a anunciar que pedirán a la Mesa la «reconsideración» de esta propuesta por significar una «degradación» de la vida parlamentaria.