La oposición venezolana trae a Madrid 240 documentos sobre Podemos y el chavismo

Hoy llega a la capital el diputado Julio Montoya para probar el desvío de fondos al partido de Iglesias.

El diputado de la Asamblea Nacional venezolana Julio Montoya aterrizará hoy en Madrid con un pendrive que contiene 240 documentos referentes a la financiación de Podemos por parte del régimen bolivariano. Montoya y su equipo, que permanecerán en la capital hasta el viernes, vienen a España a buscar lo que se les ha negado en su país: una investigación seria e independiente sobre el desvío de fondos públicos venezolanos para lanzar en nuestro país Podemos, que actuaría en España como una «franquicia del chavismo», maniobra ya implementada con éxito en países como Bolivia, Paraguay y Brasil. Además de documentación referente a las conexiones entre el chavismo y los fundadores de Podemos, principalmente Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, el dossier del diputado venezolano también contiene información sobre la relación de destacados dirigentes chavistas, a traves de familiares y otras personas interpuestas, con Banca Privada Andorrana, entidad financiera actualmente intervenida que habría sido utilizada por prohombres del régimen para blanquear dinero.

Montoya –perteneciente al partido Justicia Primero, uno de los principales de la oposición al régimen bolivariano en Venezuela– tiene previsto mantener contactos con políticos del Partido Popular y el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. La intención de este grupo de opositores venezolanos liderados por Montoya es «tender puentes de investigación con organismos españoles sobre la financiación ilegal que recibió la fundación de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero durante 10 años a través de contrataciones ilegales», según declaró a LA RAZÓN. El parlamentario se refiere a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), embrión político del que surgió Podemos en el que participaron, además de Iglesias y Monedero, otros dirigentes del partido como Luis Alegre; secretario general de Podemos en Madrid; Alberto Montero Soler, responsable de Economía del Consejo Ciudadano Estatal; Íñigo Errejón, secretario de Política y director de las campañas electorales; y Carolina Bescansa, secretaria de Análisis Político y Social. Montoya considera que entre los 240 documentos que obran en su poder, que asegura provienen de una filtración de los servicios de inteligencia venezolanos, hay pruebas más que suficientes para demostrar que las auditoría encargadas por el régimen chavista a CEPS nunca que produjeron ya que se trataba de un pantalla para propiciar la aparición en España de una formación política que exportara a nuestro país el socialismo bolivariano.

Los opositores venezolanos intentarán «abrir una comisión formal de investigación en España para comprobar si efectivamente violaron alguna normativa de financiación de los partidos políticos». El artículo 7 de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos de 2007 estipula que las formaciones políticas españolas «no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o inderectamente con los mismos». Carolina Bescansa y otros dirigentes de Podemos han negado en repetidas ocasiones que la formación haya recibido financiación de otras fuentes distintas de las aportaciones de inscritos y simpatizantes del proyecto político que lideran. Sin embargo las cifras aportadas por CEPS al Ministerio de Cultura atestiguan que esta fundación recibió de distintas entidades relacionadas con el Gobierno bolivariano hasta 3,7 millones de euros desde 2002. Aunque Montoya y su equipo sólo tienen concertados hasta el momento encuentros con dirigentes del Partido Popular y el PSOE, también se muestran abiertos a la posibilidad de entablar contactos con representantes de Podemos. «Si Podemos quisiera hablar con nosotros, con mucho gusto les atenderíamos también. Que nos expliquen por qué su fundación recibió esas sumas», dijo en una entrevista publicada en la edición de ayer de LA RAZÓN.

El parlamentario de Primero Justicia también visitará el Tribunal de Cuentas durante su estancia en Madrid. Concretamente entregarán otro dossier en el que se recoge documentación relativa a la Banca Privada de Andorra y al Banco de Madrid. La investigación que está teniendo lugar actualmente comenzó a instancias de Estados Unidos por supuestos blanqueos de dinero procedentes del crimen proganizado y del narcotráfico. Durante la intervención de estas entidades financieras, un nombre ha salido a relucir: Diego Salazar, primo del ex presidente de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, que supuestamente tendría en Banca Privada Andorrana 200 millones de euros. Los opositores venezolanos, también en este caso, buscan en España lo que no han podido lograr en Venezuela, ya que las denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República no han sido investigadas con diligencia según Justicia Primero. «No vamos a dejar que el Gobierno silencie el caso de corrupción más descriptivo, más preciso», afirmó Montoya.