La presión nacionalista obliga al juez del 3% a pedir la inhibición del caso

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Vendrell, Josep Bosch Mitjavila, ha solicitado la inhibición de su departamento en el caso en el que se investiga el supuesto cobro por Convergència Democrática de Cataluña (CDC), a través de la fundación CatDem, de comisiones, entre el 3 y el 10 por 100 a empresarios como contraprestación a la concesión de obras por parte de la Generalitat.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del caso, los motivos que aduce el magistrado son, entre otros, que la mayoría del gran número de personas investigadas en este asunto viven y trabajan en zonas que no forman parte de la demarcación territorial del juzgado, por lo que lo lógico sería que se fuera otro tribunal el que se hiciera a cargo de las diligencias.

Macro causa

Lo que mantiene Bosch Mitjavila es completamente cierto ya que lo que empezó con la investigación de empresas de la familia Sumarroca, ha derivado, gracias a las pesquisas autorizadas por el propio magistrado y realizadas por la Guardia Civil, en una auténtica macrocausa en la que se investiga la financiación de CDC y en la que, según las citadas fuentes, han aparecido temas «interesantísimos» para realizar nuevas diligencias, que, de momento, se mantienen secretas.

El juez en ningún momento ha puesto pegas a las peticiones, todas ellas fundamentadas, de la Benemérita para realizar detenciones, registros, tomas de declaración, etcétera y ha «resistido» una evidente pero silenciosa presión del nacionalismo catalán contra su persona. «Se ha comportado como un auténtico profesional, pese a ser éste su primer destino y contar con sólo 30 años de edad. Además es un trabajador incansable», agregan.

Y es en esa presión, aunque el juez ha justificado desde el punto de vista legal su petición de inhibición en otros motivos, donde habría que buscar las «otras» razones con el fin de apartarse de un caso que por su magnitud es grande para un juzgado de instrucción, sobre todo si la administración de justicia que depende de la Generalitat, lejos de facilitar apoyo material y de personal, no parece haber contribuido a la operatividad del tribunal.

Tal y como adelantó este periódico, la situación de «soledad» y falta de medios llegó hasta tal punto que, hace unos meses, tan sólo estaban el juez y un funcionario para atender todos los trabajos.

Pese a ello, ha actuado con absoluta profesionalidad, y ha tenido que soportar las críticas e insinuaciones que desde el nacionalismo catalán se lanzaban contra él como si estuviera trabajando, junto con la Guardia Civil, al servicio del Gobierno de Madrid.

El 28 de agosto del año pasado, la Guardia Civil registraba la sede de la fundación CatDem, en Barcelona, buscando información sobre el supuesto cobro de comisiones. La documentación estaba en la sede de CDC, donde tenía su despacho el responsable económico de ambas entidades, Andreu Viloca. Comenzaba una investigación que ha deparado, en las últimas semanas, revelaciones «interesantísimas» que permanecen secretas, hasta el punto de que la Guardia Civil ha aconsejado a los empresarios afectados que declaren directamente ante la Fiscalía Anticorrupción, donde están aportando datos «muy relevantes».

Los industriales, según las citadas fuentes, han optado, junto con sus abogados, por la fórmula de llegar a pactos con la Fiscalía, a cambio, eso sí, de que aporten toda la información que tienen sobre el caso.

Y ahí es donde ha saltado la sorpresa ya que algunos, y no son pocos, han admitido que pagaron comisiones no sólo a CDC a través de CatDem sino a otras personas y entidades.

La sombra del «pujolismo» habría aparecido en dichas revelaciones. De confirmarse, el caso podría terminar en la macro causa que se está formando en la Audiencia Nacional.

«IVA de la financiación»

Tal y como publicó en exclusiva este periódico, algunas de las empresas que se beneficiaron de obras licitadas por la Generalitat de Cataluña o por instituciones gobernadas por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) incluían en los presupuestos para que les adjudicaran dichas obras lo que se puede llamar el «IVA de la financiación» para el partido. Es decir, incluían el sobreprecio que debían hacer llegar a CDC a través de la fundación CatDem.

Al menos eso era lo que se pensaba, antes de conocer las revelaciones de los empresarios. Se podría dar el caso, como comentó en su día uno de los investigadores del caso, que la comisión fuera del 5 por 100, y que una parte fuera para el partido (el 3 por 100) y otra para la trama Pujol (el 2 por 100 restante).

El perfil

Un magistrado de 30 años en su primer destino

Un juez de 30 años, Josep Bosch Mitjavila, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de El Vendrell, abrió la investigación en el verano de 2012, pero su trayectoria había sido hasta entonces más bien discreta. En 2010, se presentó a las pruebas de selección de la Escuela Judicial. El 8 de julio de 2011 se publicaba la lista de los aspirantes que habían superado la primera fase de selección para la provisión de 250 plazas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterior ingreso en la carrera judicial por la categoría de juez. Bosch tenía el número 59 en la oposición y su nota era de 79,93 puntos sobre cien. Quedó en el puesto 38 de 231 aprobados, en una convocatoria a la que concurrieron casi 4.000 aspirantes. El 14 de septiembre de ese año se incorporaba a la Escuela para formar parte de la 63 promoción de jueces. El 20 de marzo de 2013, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobaba la resolución que lo enviaba como titular a El Vendrell, su primer destino. Hasta hacerse cargo del caso de corrupción, sólo había dirimido temas de escaso eco social: litigios de impagos, algún caso de supuesta prevaricación y algún tema de menores. Eso cambió radicalmente con el 3%.