La trama política de los ERE se prolonga

Pese a las múltiples peticiones a la juez Mercedes Alaya para que acelere la instrucción del caso de los ERE, la realidad es que a la investigación aún le queda un amplio recorrido.

Pese a las múltiples peticiones a la juez Mercedes Alaya para que acelere la instrucción del caso de los ERE, la realidad es que a la investigación aún le queda un amplio recorrido. En el auto en el que la juez señala la posible responsabilidad en la que han incurrido Chaves y Griñán, así como cinco ex consejeros de la Junta de Andalucía –recurrido el viernes por la Fiscalía Anticorrupción–, Alaya deja claro que «se siguen practicando por la Guardia Civil múltiples diligencias, las cuales han de ir acomodándose a los nuevos hallazgos de la investigación». El juzgado está revisando más de una década de ayudas concedidas de manera irregular por parte de la Administración andaluza y debe fijar de manera clara las responsabilidades judiciales que tendrán que afrontar cada uno de los actores de la trama. En el caso de los aforados, además, tendrá que detallar qué se les imputa, según la petición del Ministerio Público.

El juzgado está ahora centrado, entre otras cosas, en la «vertiente política» de los hechos, expresión acuñada por Alaya. La concesión de subvenciones de manera irregular durante una década era permitida por las autoridades de la Junta. No era, por tanto, una decisión técnica. De hecho, existen los famosos informes de la Intervención General advirtiendo de ese proceso de concesión irregular de ayudas. Hasta en 15 ocasiones alertó a tres consejeros –el de Empleo, Innovación y el de Economía y Hacienda– de que ese sistema vulneraba la ley. Por tanto, ¿hasta dónde alcanza la responsabilidad del fraude? La juez ya tuvo un conflicto con la Junta de Andalucía cuando reclamó las actas de los Consejos de Gobierno de la última década. Buscaba precisamente pruebas de que el sistema era conocido por los consejeros y que la vulneración de la legalidad era consentida. En alguna ocasión, la titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla se ha preguntado si los servicios jurídicos de la Junta recibieron directrices políticas para hacer la vista gorda. No se explica que un sistema que permitió «malversar» y «dilapidar» fondos públicos funcionara durante una década. De ahí se deduce el señalamiento o «preimputación» que la juez ha hecho esta semana de los ex presidentes Chaves y Griñán y de los ex consejeros Manuel Recio, Antonio Ávila, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y José Antonio Viera.

El de este último es paradigmático. Fue consejero de Empleo entre 2000 y 2004 y su sucesor en el cargo, Antonio Fernández, ha estado incluso en prisión preventiva. Sin embargo, Viera, como aforado, no está imputado. La juez da una clave en el último auto: el atestado relativo a la Sierra Norte de Sevilla –zona de la que también era Francisco Javier Guerrero y que aglutinó un gran porcentaje de las ayudas– no está concluida. En un avance, la UCO atribuyó al ex consejero de Empleo un «papel esencial» en la trama. Ese anticipo llegó al juzgado el 22 de febrero de 2012 pero el trabajo aún no ha concluido, una prueba más de que a la rama política aún le queda mucho recorrido.

Un anexo de sentencias contra los imputados

La juez Alaya ha abierto un anexo con 14 sentencias del Tribunal Superior de Justicia andaluz en las que se acuerda remitir testimonio al Juzgado «para la exigencia de las responsabilidades penales en que hubieren podido incurrir las autoridades laborales que autorizaron» los ERE fraudulentos, informa Ep. En concreto la juez cita a los ex directores de Trabajo Guerrero, Márquez y Rivera, al ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas, todos ellos imputados en el caso que instruye.