La «trama Térmyca» recurrió a un «blanqueador» de Gao Ping

La Guardia Civil halla la «empresa tapadera» de la organización corrupta en Andorra

La trama de corrupción municipal «Térmyca» recurrió a uno de los supuestos «blanqueadores» de la mafia china de Gao Ping, el empresario Oriol Mestre, que ayer fue puesto en libertad por la Guardia Civil junto a otros tres detenidos –Carles Bock, Manuel Delgado y Ramón Solé– en la operación contra la adjudicación fraudulenta de contratos que ha culminado con casi medio centenar de registros. Mestre ya fue detenido en 2012 por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en el marco de la investiga ción de la «operación Emperador» que tiene al empresario chino Gao Ping como principal imputado en la supuesta trama de blanqueo. Mestre era, según la investigación, uno de los encargados de blanquear, junto al empresario arrepentido Rafael Pallardó, el dinero de la mafia china. Fuentes de la investigación de la «trama Térmyca» lo definen como «una especie de coyote que lleva el dinero de un sitio a otro para blanquearlo».

Veinticuatro horas después de poner en marcha la operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil, en estrecha colaboración con las autoridades andorranas, ha descubierto la filial que en el Principado tenía la empresa Efial Consultoría y que era a la que transfería los fondos que supuestamente desviaba de los contratos que lograba con ayuntamientos y otras entidades. Se trata, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación, de Universal Gestión.

Los agentes concluyeron ayer los 48 registros, incluido el de Universal Gestión, y hoy serán puestos a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch, siete de los once detenidos, ya que los otros cuatro, como se ha apuntado, ya han sido puestos en libertad por la propia Guardia Civil. Y el empresario catalán Jaume Sabater, uno de los socios de Antonio Martos en Efial –cuyo domicilio sí ha sido registrado–, finalmente no será detenido.

Pero no sólo el juzgado de El Vendrell lleva las riendas de la investigación, sino que la instrucción también está a cargo del Juzgado número 5 de Tortosa (Tarragona).

Según las citadas fuentes, a lo largo de los registros se han encontrado documentos que prueban las presuntas actividades ilícitas de Efial, que después derivó en CGI, y en la citada filial andorrana: contratos, adjudicaciones, facturaciones... forman parte de las evidencias que serán entregadas hoy al juez Bosch junto con los ocho arrestados.

«Tanto Efial como Control de Gestión de Ingresos (CGI) han firmado muchos contratos con distintos ayuntamientos, pero algunos eran legales», aseguran fuentes de la investigación, que precisan que la actuación policial se ha centrado en aquellos en los que las evidencias son más consistentes.

En los registros efectuados se ha hallado, de hecho, documentación relativa a las transferencias que se realizaban a las cuentas que Universal Gestión tenía en Andorra. Sobre el montante de las cantidades defraudadas o indebidamente apropiadas, señalaron que aún es pronto para hacer una cuantificación, pero que «sin duda será importante».

Otro de los asuntos que se va a investigar, y que ha surgido durante las últimas pesquisas, es el de las actividades que Universal Gestión podría estar desarrollando en Andorra. O, utilizando este país como base, en otras naciones, por si de ello se pueden deducir nuevas actividades delictivas.

«Lo más importante, y también lo más trabajoso, empieza ahora que hay que examinar uno a uno todos los documentos y otro tipo de materiales que se han incautado», agregaron las fuentes de la investigación. Recordaron que en esta nueva macrooperación contra la corrupción (que afecta a más de una veintena de ayuntamientos) habían participado 400 guardias civiles. Como sucedió el martes, en las entradas y registros de ayer los agentes no hallaron cantidades en efectivo reseñables.

Por el momento, los investigadores no se atreven a cuantificar el montante del fraude hasta que no se analice la abundante documentación incautada sobre expedientes de contratos con las dos empresas bajo sospecha. «Hablar ahora de dinero es prematuro y temerario», apuntan.

Durante el martes y el miércoles, se efectuaron los citados 48 registros, por orden del juez y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que no aprecia indicios de financiación irregular de partidos. De hecho, se investiga la posible comisión de delitos de organización criminal, blanqueo, malversación, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude a la Administración e infidelidad en la custodia de documentos.