Podemos
La UDEF pide a Hacienda datos sobre Iglesias y Errejón entre 2011 y 2012
Los investigadores policiales se centran en los ingresos de los miembros de Podemos antes de fundar el partido.
Los investigadores policiales se centran en los ingresos de los miembros de Podemos antes de fundar el partido.
Pedro Sánchez se reunirá con Pablo Iglesias hoy en el Congreso para configurar un pacto de gobierno que podría hacer del líder de Podemos vicepresidente del país, un cargo que en la actualidad tiene entre sus funciones el control del Centro Nacional de Inteligencia. El inicio de las negociaciones tiene lugar al mismo tiempo que la Policía investiga posibles irregularidades en los ingresos del propio Iglesias provenientes en última instancia del régimen iraní. Concretamente, la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) del Cuerpo Nacional de Policía ha solicitado a Hacienda que le acredite si los datos sobre los ingresos económicos de miembros de Podemos (entre ellos los diputados Pablo Iglesias e Íñigo Errejón) son susceptibles de alguna irregularidad. En concreto, se investiga si hubo un posible delito en el dinero que ambos habrían recibido de la República Islámica de Irán para realizar el programa «La Tuerka».
«Cosas llamativas»
Según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación, las pesquisas se centran en las personas, no en el partido, y, en los ejercicios correspondientes a 2011 y 2012, donde se han observado «cosas llamativas».
Las personas sobre las que se ha solicitado información son, entre otras, Pablo Iglesias; Íñigo Errejón; Sarah Bienzobas; Camila Rigali San Martín; Tristán Meyer Hidalgo; y Pablo Gabandé Tapia. En esta lista también podría estar Eduardo García Macías.
Durante su etapa como profesores de universidad llama la atención, según las citadas fuentes, el caso de Iglesias y Errejón, que debían acreditar una serie de horas como docentes que les reportaban los correspondientes emolumentos. Los investigadores han observado que, tras la decisión de fundar Podemos, sus responsables se esforzaron en no cometer ningún tipo de irregularidad.
En septiembre de 2012, Pablo Iglesias y su equipo más cercano de colaboradores, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero entre otros, empezaron a producir «Fort Apache», también conocido como «La Tuerka 2» en Hispan TV con el fin de emitirlo semanalmente. El programa lo producía CMI (Asociación Cultural Producciones Con Mano Izquierda), financiado con dinero iraní por 360 Global Media SL y emitido por la referida Hispan TV. El presentador desde su inicio fue Pablo Iglesias.
La inteligencia policial descubrió que Hispan TV recibía, y continúa recibiendo, grandes sumas de dinero procedentes en su mayoría de empresas de Dubái y Emiratos Árabes Unidos. El dinero ingresado estaría entorno a los 9.300.000 euros en tres años.
Es con parte de ese dinero, según dichos informes, con el que se financia la casi totalidad del entramado de comunicación audiovisual creado por el «núcleo duro» de Pablo Iglesias, que le incluye a él mismo y a la cúpula de Podemos.
«Núcleo duro»
Las salidas de dinero desde la empresa matriz de Hispan TV, que se nutren única y exclusivamente del capital iraní, con respecto a dicho «núcleo duro», serían las siguientes: varias transferencias a Pablo Iglesias por importe total de 93.000 euros; otros 22.000, a CMI; 42.500 a La Barraca Producciones S. Coop. Mad; y 35.000 a Tristán Meyer, ex secretario de Producciones CMI, redactor y editor del programa «Fort Apache».
Asimismo, existen transferencias periódicas a Eduardo García Macías por importe total de 50.000 euros, y a Camila Rigali San Martín, representante de La Barraca Producciones: desde 31 de diciembre de 2012, 360 Global Media le habría ingresado un total total de 75.000 euros.
Precisamente, la productora CMI estuvo dirigida en un principio por Pablo Iglesias, aunque, con posterioridad, fue sustituido por la citada Camila Rigali.
Antes de dar ningún otro paso, y con el fin de determinar si estamos ante irregularidades o delitos, caso en el que se podría elevar el correspondiente informe a la Fiscalía, se quiere comprobar que lo publicado es cierto, con el fin de que las diligencias se hagan con todas las garantías. También cabe la posibilidad de que ante el requerimiento de la UDEF, y si Hacienda observa algo que pueda ser delictivo, sea este departamento el que ponga los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
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