La UE exige a España que tenga Gobierno en septiembre

Congelación de fondos, más recortes y cerco a las comunidades autónomas son algunas de las balas que la Comisión Europea guarda en la recámara. El nerviosismo en Bruselas por la falta de Gobierno en España es palpable desde hace meses, aunque la Comisión Europea disemine con cuentagotas sus mensajes para, al menos oficialmente, «no interferir» en la política nacional. Por eso se avecina una vuelta de las vacaciones en las que el ejecutivo comunitario intentará utilizar todas sus armas para dejar claro que nuestro país debe cumplir con sus compromisos y que para ello es necesario un Gobierno estable lo antes posible. El economista Fabian Zuuleg, del «think thank» Centre of European Policy, con sede en Bruselas advierte de que «sin un gobierno efectivo o incluso si hay un gobierno pero tiene un mandato débil o coaliciones inestables, se convierte en más complicado poner en marcha la consolidación fiscal y las reformas estructurales que requiere la zona euro». La congelación de los fondos estructurales, una supervisión reforzada de la economía nacional con informes trimestrales, la puesta en marcha de una senda de consolidación fiscal más severa con la petición de recortes adicionales y una mayor presión sobre las comunidades autónomas son las balas que Bruselas tiene en su recámara y puede disparar. El calendario es preciso. El próximo otoño España deberá enviar su plan de estabilidad a la Comisión Europea con el anteproyecto de los presupuestos y la Comisión Europea quiere ver medidas efectivas para reducir el déficit público entre las que se encuentran la subida del IVA en los tipos reducidos. El plazo otorgado culmina el 15 de octubre y resulta imposible de cumplir en caso de que se avecinen unas terceras elecciones. Además, la Comisión Europea a mediados de septiembre deberá hacer público su veredicto sobre la posible congelación de fondos estructurales después de que hayan culminado sus contactos con el Parlamento Europeo. La cifra podría ascender hasta los 1.000 millones de euros a partir de enero de 2017, aunque es una cantidad que puede recuperarse si en enmienda el rumbo. Y si hay Gobierno para enmendarlo.

Siguiendo con los símiles bélicos, el ejecutivo comunitario decidió el pasado mes de julio librar a nuestro país de una multa de hasta el 0,2 del PIB por el desfase de déficit público de ocho décimas al cierre del año 2015. Altas fuentes diplomáticas reconocían, poco después de este anuncio, el precio de la absolución. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que propugna un déficit por debajo del 3%, explicaban fuera de micrófono, opera como un «botón nuclear» de naturaleza disuasoria. Ese botón amenaza con volver a pulsarse si nuestro país no respeta la nueva senda fiscal trazada para los años 2017 y 2018. Si la Comisión Europa constata que nuestro país no ha hecho los esfuerzos necesarios para atajar el déficit público, esta vez la cuantía máxima de la multa podría llegar al 0,5% del PIB, 5.000 millones de euros.

Las tensiones pueden ser económicas y políticas. En pasado mes de marzo, tras el primer intento de formar un ejecutivo antes de la convocatoria de las segundas elecciones, Bruselas envió una carta a nuestro país con una recomendación autónoma en la que le exigía al ejecutivo central que pusiera firmas a la comunidades autónomas en la reducción del déficit público mediante la aplicación a rajatabla de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Unos avisos que no surtieron efecto y que podrían volver a producirse, ya que en su informe de mayo Bruselas volvía a constatar el desvío presupuestario de las regiones españolas que, en su caso, no pueden aducir la falta de Gobierno, para poner en marcha medidas. El otro gran caballo de batalla en el caso español puede ser el deterioro del crecimiento económico que en el último año ha sido uno de los más robustos de la zona euro. En sus últimas previsiones económicas del mes de mayo, la Comisión Europea advertía de que la falta de un Gobierno efectivo podía dañar el rumbo económico a largo plazo. Zuleeg coincide en que «cualquier incertidumbre política de manera inherente es costosa ya que reduce la propensión de familias y empresas al consumo y la inversión». Estas menores perspectivas de crecimiento redundarían en la necesidad de más recortes y la falta de un Gobierno que pueda poner en marcha medidas efectivas puede, una vez más, conllevar un ajuste fiscal más severo que, en una espiral de difícil solución, dañe aún más la recuperación económica al exigir más recortes en menos tiempo. La falta de políticas efectivas ya ha comenzado a notarse. El 18 de mayo, la Comisión Europea propuso una nueva senda fiscal para nuestro país con una prórroga de un año, hasta el 2017 para volver a un déficit público por debajo del 3%. Un esfuerzo fiscal estructural (sin tener en cuenta la capacidad del crecimiento económico para reducir el déficit público) de 8.000 millones de euros. Un mes y medio después, ante la constatación de las malas cifras publicadas por AIRef, el organismo fiscal autónomo, Bruselas propuso una nueva senda refrendada este pasado lunes por los ministros de Economía de los Veintiocho. A pesar de que este nuevo calendario concede una prórroga de dos años en vez de uno, el ajuste estructural propugnado ahora ha aumentado 10.000 millones, 2.000 millones adicionales en un periodo récord que no llega a los dos meses.

Bruselas es consciente de la dificultad de sanear las cuentas públicas con un Gobierno en funciones que tan sólo puede acudir a la no disponibilidad de crédito para cuadrar los números. Debido a esta incertidumbre que rodea a la política española desde hace meses, en la nueva senda fiscal negociada con el Gobierno no ha pedido ningún esfuerzo fiscal para 2016. Por eso, el investigador del laboratorio de ideas, Bruegel Gregory Claeys se muestra moderadamente optimista sobre nuestro país «Aunque hubiese terceras elecciones, el esfuerzo para 2016 es cero y lo lógico es que haya Gobierno que pueda sacar adelante unos presupuestos para 2017», asegura. El problema reside en que cualquier nuevo retraso tras un «impasse» con visos de convertirse en eterno tan sólo haría más difícil la labor del próximo gobierno que saliera de las urnas. Y la posibilidad de pulsar el botón nuclear seguiría intacta.

El calendario europeo

- 9 de septiembre. Reunión informal de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, donde De Guindos informará de la situación en que se encuentra el proyecto de ley de Presupuestos para 2016

- 30 de septiembre. El Gobierno está obligado por la Constitución (artículo 134, párrafo 3) a presentar los Presupuestos Generales para el año siguiente «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior».

- 15 de octubre. Es el plazo límite para que España presente ante Bruselas las cuentas para el próximo ejercicio. Si no lo hiciera, un país se expone a una sanción por parte de la Comisión Europea, que en el caso de España podría alcanzar hasta el 0,5% del PIB, unos 5.500 millones.

- 31 de diciembre. Si la Ley de Presupuestos Generales no se aprobara antes del primer día del ejercicio correspondiente se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior.