Las agencias de rating sitúan a Cataluña casi al nivel de Angola o Bosnia

La Generalitat pide ayuda al Gobierno para que no se rebaje la calificación a la altura de países que no pueden pagar los intereses de su deuda

La improvisada reunión del ministro de Economía en funciones con Oriol Junqueras, vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, no es una casualidad en la agenda de ninguno de ellos. La caja de Cataluña está vacía. No tiene siquiera para afrontar los pagos en el más inmediato de los plazos, como las nóminas de sus empleados públicos o los intereses de su elevada deuda. Para el Gobierno central, una rebaja del actual rating de Cataluña podría servir de argumento a las agencias de rating para reducir en una escalón la nota al Reino de España en unos momentos especialmente delicados en materia política. Junqueras lanzó un claro SOS al Estado para evitar la suspensión de pagos de Cataluña, una situación difícilmente evitable con la política de enfrentamiento que mantiene la Generalitat desde hace años.

Cataluña tiene una deuda de 68.088 millones de euros a cierre del tercer trimestre del pasado año, los últimos datos publicados por el Banco de España. Representa el 26,93% de la deuda total de la comunidades autónomas, que en esa fecha se elevaba a 252.863 millones de euros. En términos de Producto Interior Bruto, Cataluña debe el 33,6% del valor de la producción de bienes y servicios de un año, sólo superada por la Comunidad Valenciana (40,2%) y Castilla-La Mancha (34,9%). La media de las 17 regiones españolas es del 23,6%, lo que significa que Cataluña tiene un sobreendeudamiento de diez puntos porcentuales más.

Según las fuentes consultadas por LA RAZÓN, Cataluña se encuentra en la antesala de la quiebra. La calificación de su deuda para las agencias de rating está en la actualidad en «expuesta a los cambios económicos». Su nota «BB-» es una calificación que los inversores tildan de no recomendable y que se resume en su catalogación informal de tres escalones por debajo del «bono basura». En unos días puede quedarse en «B», un nivel equiparable a la deuda de Albania, Angola, Bosnia o Camboya.

Las tres grandes agencias tienen a Cataluña bajo sospecha desde hace más de un año. El desafío soberanista iniciado con Artur Mas ha tenido consecuencias muy negativas para las arcas de la comunidad. Desde 2010, año de la llegada de Mas a la presidencia de la Generalitat, se han emitido más de 12.700 millones de euros a intereses del 4,75%, con una demanda que fue decreciendo a medida que las emisiones de multiplicaban. El tipo de interés ofrecido y el que percibieron las entidades aseguradoras (los bancos ) hicieron imposible asumir su coste. A mediados de 2014, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, Hacienda liquidó la última de las emisiones. Mas sólo siguió los pasos de Jordi Pujol en los años ochenta.

Si, como se teme el Gobierno central, las principales agencias de rating rebajan la nota de Cataluña a «B» dejarán a las claras que la generalitat no podrá hacer frente ni al pago del servicio de la deuda, es decir, a los intereses que anualmente tiene que soportar.

Cataluña está fuera de los mercados mayoristas de capitales desde hace muchos años. Su financiación depende del Gobierno central, que se ha hecho cargo de sus necesidades financieras gracias a su mejor situación financiera. Moody’s ha hecho dos recalificaciones en apenas cuatro meses y Standard & Poor’s podría dar la próxima semana la puntilla en la revisión que cada tres o cuatro meses (si no sucede nada anormal) realiza a las notas de las CC AA. Después irán Moody’s y Fitch. Será sólo cuestión de tiempo. Aunque la economía catalana crece, su sostén, las exportaciones, no generan ingresos fiscales a sus arcas, como lo hace el consumo, a través del IVA.

El FLA también está «en funciones» y no puede adelantar fondos

Las escasas posibilidades de formación de un Gobierno con mayoría absoluta han provocado que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), igual que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, también esté «en funciones» durante 2016. Principalmente, porque no se sabe ni cuándo habrá una coalición suficiente que tenga opciones de gobernar con una mayoría relevante, ni qué tipo de grupo saldrá de ésta ni la decisión que tomará sobre este mecanismo, por lo que la vigencia de la financiación alternativa para las comunidades (tanto el FLA como el Fondo de Facilidad Financiera o FFF) se reduce a apenas tres meses. Esta circunstancia generará con toda seguridad nuevos episodios de tensiones de liquidez entre los gobiernos autonómicos adscritos a estas fuentes de capital procedentes del Estado central. La más dependiente, en términos de volumen, es Cataluña, que ya ha señalado que necesitará al menos 7.500 millones para cumplir con sus obligaciones de gasto y pago de deuda con los acreedores previstas. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Gobierno ayudará «a las finanzas» de Cataluña como hace con cualquier comunidad autónoma, pero advirtió de que estarán «muy vigilantes» porque «tiene unas obligaciones de transparencia que tiene que cumplir» si solicita el FLA. La vicepresidenta recordó que en noviembre de 2015 la Comisión Delegada de Asuntos Económicos adoptó el acuerdo de aplicar el FLA pero «con condiciones especiales en el caso de Cataluña».