Las cuentas belgas que investiga el juez siguen activas

Detectan movimientos en los depósitos que Llarena ordenó rastrear el pasado día 12 al sospechar que la Generalitat ha financiado la fuga de Puigdemont.

Las tres cuentas corrientes abiertas por la Delegación de la Generalitat ante la Unión Europea (una de las llamadas «embajadas» inauguradas por la Generalitat en el pasado por toda Europa) en una sucursal del BBVA en Bruselas, sobre las que ha iniciado una investigación la Guardia Civil ordenada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, permanecen «operativas y en funcionamiento», según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación. El Supremo se centra, de momento, en tres transferencias por un valor total de 139.700 euros realizadas entre el 21 de septiembre y el 10 de octubre de 2017. Se sospecha que estos fondos podrían haber vulnerado el control de las cuentas de la Generalitat establecido por el Gobierno, pero los agentes, conforme avancen sus trabajos, no descartan solicitar nuevas diligencias e, incluso, comisiones rogatorias.

Además, se determinará si con ese dinero se han podido cometer delitos relacionados con el «procés». Es decir, si ha habido una malversación de fondos públicos. En este sentido es significativa las fechas en las que se produjeron estas transferencias: los dos primeros movimientos bancarios tuvieron lugar apenas unos días después de que Hacienda interviniera las cuentas de la Generalitat para evitar que se desviaran fondos para el 1-O. La tercera transferencia tuvo lugar el 10 de octubre, semanas antes de que el 2 de noviembre, Puigdemont no se presentara en la Audiencia Nacional y emprendiera la huida rumbo a Bélgica junto a cuatro de sus ex consellers.

En el trasfondo de todo este asunto, aunque no se diga de forma explícita, están los gastos que está generando la estancia en Bélgica del ex president Carles Puigdemont y sus compañeros fugados. El magistado instructor de la macrocausa del «procés», Pablo Llarena, intenta dilucidar, ordenando la investigación de estas cuentas y movimientos bancarios, si se trata de un trasvase de fondos encaminado a preparar de antemano la prevista huida de parte de la Generalitat al extranjero. La particular situación en la que se encuentra el que fuera jefe del Gobierno de Cataluña, al no existir contra él ninguna orden internacional de detención, permite que cualquier particular le pueda dar dinero para esos gastos, ya que, en principio, no incurriría en ningún delito. Sin embargo, si ese dinero viene de fondos públicos, de partidas destinadas a otros fines o incluso a las subvenciones de los partidos políticos, la cuestión cambia, ya que aparece el posible delito de malversación.

Cuando se produjo la fuga de Puigdemont y los suyos, LA RAZÓN adelantó que existían fundadas sospechas de que desde la Generalitat se podrían haber realizado determinados depósitos de dinero en países europeos para cubrir los gastos que generaría la posible fuga, que después se confirmó, de Puigdemont y sus consejeros. Esta investigación no está abierta oficialmente pero la ordenada por el magistrado Llanera podría ser la primera piedra si la Benemérita halla evidencias de algo sospechoso.

De momento, la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cataluña ha iniciado esta semana las pesquisas para determinar si se ha producido malversación de fondos u otro delito con tres transferencias bancarias relacionadas con las citadas tres cuentas corrientes abiertas por la referida Delegación de Cataluña ante la Unión Europea en una sucursal del BBVA de Bruselas. Aunque los investigadores prefieren no adelantar hipótesis y centrarse en lo ordenado por el juez, lo cierto es que las investigaciones van a permitir, si se hallan indicios y el magistrado lo autoriza, determinar si han sido utilizadas para pagar los gastos de Puigdemont en Bélgica. En cualquier caso, la investigación de la Benemérita se va a centrar, en un primer momento, en las peticiones del juez Llarena; es decir tres transferencias que se realizaron entre los días 21 de septiembre y 10 de octubre de 2017, por si hubieran contravenido lo previsto en la Orden de la Comisión de Asuntos Económicos del Ministerio de Hacienda, de 15 de septiembre de 2017, por la que se acordaba el control de los gastos de la comunidad autónoma de Cataluña. El magistrado pide que se identifique el «ordenante y destinatario; concepto en que se realizaron y destino actual de los fondos y, en su caso, aplicación de las respectivas cantidades de 58.250 euros (con destino a The Hague Centre for Strategic Studies) 61.450 euros (idéntica destinataria) y 20.000 euros con destino a la Delegación del Govern en Croacia».

El primero de los destinatarios es una prestigiosa entidad especialidada en la producción de informes, estudios de datos económicos y geopolíticos y recomenzaciones estratégicas para grandes multinacionales y organismos públicos. Entre sus clientes principales figuran la Comisión Europea, la OTAN o el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda, por ejemplo. Esta organización con sede en La Haya explica de esta manera sus actividades: «HCSS explora las complejas dinámicas de un mundo globalizado y examina posibles desarrollos en el futuro que tengan relevancia estratégica para sus clientes. HCSS ayuda a entender las tendencias globales y lleva a cabo informes que proporcionan resisitencia a las organizaciones para hacer frente a futuros traumas e incertidumbres». La Generalitat, tal como se dijo anteriormente, pagó casi 120.000 euros a HCSS pocos días después de que Hacienda interviniera sus cuentas.

En cuanto a la tercera transferencia, la que tuvo como destinatario la «embajada» de la Generalitat en Cracia, se da la circunstancia de que poco antes del verano de 2017, antes de que se efectuaran las maniobras de desconexión en el Parlament, se nombró a Erik Haukc delegado de Cataluña en ese país. Hauck, nacido en Alemania, estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y hasta su nombramiento como delegado fue director de comunicación de la Fundación Princesa de Girona. En 2014 fue cofundador en Barcelona de la sede local de Impact Hub, un movimiento a escala mundial de espacios de cocreación para emprendedores sociales.