Las inhabilitaciones por el 1-O «rompen» a los independentistas

Puigdemont apuesta por ignorar al TC, ERC por relevar a los cargos marcados y la CUP por movilizar la calle.

Junts pel Sí y el Govern de la Generalitat se han conjurado para bajar la tensión durante estos primeros días de agosto. Las actuaciones radicales de las juventudes de la CUP contra el turismo han interrumpido este relax y han agudizado las tensiones entre los diferentes grupos secesionistas que conviven en su carrera hacia su meta de independencia. El porqué de esta consigna de calma, aunque sea aparente, se justifica en la necesidad de formalizar una estrategia definida entre todos los actores -PDeCAT, ERC, CUP y Puigdemont, que va por libre y marca su propia posición- ante las actuaciones que realice el Gobierno de Mariano Rajoy.

«Es necesaria una posición común para preservar el objetivo final, que sigue siendo que se haga el referéndum», afirma una fuente conocedora de estas conversaciones que se están realizando en encuentros informales en estos días estivales. «No podemos cometer errores que nos hagan fracasar», argumenta. En el nacionalismo se han encendido las alarmas ante las solicitudes de declaración de altos cargos del gobierno ante la Guardia Civil que ejercía de policía judicial a las órdenes del Juzgado número 13, en relación con la preparación de la consulta. Según las personas consultadas «no se ha hecho ninguna estrategia. Los citados iban a declarar sin ninguna posición conjunta». De los citados, dos han sido imputados y fueron sin que «se hubiera decidido ir o no a declarar, o qué se debía declarar».

Para no repetir lo que califican de «error», el nacionalismo debate como afrontar las decisiones del gobierno Rajoy, sin olvidar la actuación política del bloque constitucionalista, PP, Ciudadanos y PSC, este último preparando una campaña a favor del federalismo en el mes de septiembre y, sobre todo, sin perder ojo sobre los movimientos de Cataluña en Comú. No hay unidad de criterio. Al menos tres posturas están sobre la mesa. La verbalizada por el propio presidente catalán en la que afirmaba que no obedecería una inhabilitación y se mantendría en su puesto para liderar el referéndum. Se entiende que esta posición está refrendada por el PDeCAT y cuenta con apoyos en la Asamblea Nacional Catalana y buena parte de la Asociación de Municipios para la Independencia. Una segunda opción, con apoyos en AMI, ANC, ERC e incluso sectores del PDeCAT, que opta por ir reemplazando los cargos inhabilitados «para preservar la celebración del referéndum». Estos sectores consideran que «se cuenta con una mayoría suficiente para hacer frente a las inhabilitaciones de Carme Forcadell -Presidenta del Parlament- o del propio Puigdemont», y que la desobediencia podría ser premonitoria para el fracaso porque «el Estado encontraría la justificación para intervenir. Si sustituimos a los inhabilitados podremos llegar con las pilas cargadas al 1-0, si optamos por otras opciones podemos llegar mal posicionados, o no llegar». «Ahora es el momento de poner la otra mejilla, para llegar con fuerza el 1-0», añaden.

La tercera posición se apoya en la revuelta de la gente. Ante inhabilitaciones o la imposibilidad de celebrar el referéndum defienden la desobediencia institucional con el apoyo de los ciudadanos en concentraciones, huelgas de hambre -propuesta por el eurodiputado de ERC, Josep Maria Terricabras- e incluso ocupaciones de instituciones. En esta opción se situaría la CUP y las organizaciones de su entorno, con apoyos también en la Asamblea Nacional Catalana.

De momento, el debate planteado se está realizando de forma discreta pero el tiempo escasea y se debe tomar una decisión en un ambiente de discrepancia interna en el soberanismo y, sobre todo, de desconfianza. Los defensores de una u otra opción descalifican a las posiciones alternativas. Los partidarios de la insumisión generalizada, por ejemplo, consideran que los que plantean una estrategia no confrontada con el estado, substituyendo a los inhabilitados, traicionan al movimiento popular, mientras que éstos consideran que las otras dos opciones ponen por delante intereses partidistas ante el referéndum. Así las cosas, nadie se atreve a avanzar cuáles serán las vigas maestras del acuerdo. «Puede pasar de todo», apuntan varias fuentes consultadas porque depende «de los movimientos que hagan otros», señalando al Gobierno de España. La estrategia final debería fijarse a partir de mediados de agosto, aunque se considera «que es demasiado justo». Sin olvidar que «todo lo que hagamos tiene repercusión el 2-0». Es decir, los partidos van a tomar sus decisiones en función de sus intereses el día después.

Ninguno de los grupos implicados quiere que el debate se explicite públicamente para no frustrar las expectativas de la Diada «se han apuntado el doble de personas que el año pasado por estas fechas», afirman fuentes soberanistas, y una segunda razón para mantener la discreción es que el separatismo también espera movimientos del partido de Ada Colau. A pesar de sus desencuentros, el movimiento independentista sigue confiando en Ada Colau «estoy convencido que al final el Ayuntamiento de Barcelona cederá locales para la votación», afirma un cargo del Govern que cree que «Colau no puede ponerse enfrente del referéndum porque sería tanto como ponerse enfrente de la mayoría de sus votantes».