Las urnas «trampa» para la consulta

Uno de los principios básicos que informan las relaciones entre las administraciones y los poderes públicos es el de lealtad y así está recogido en nuestro ordenamiento jurídico. Lamentablemente el secesionismo del gobierno y de la mayoría parlamentaria en Cataluña ha pervertido lo que debería ser una relación normal con el Estado. Es duro decirlo pero la opción de las instituciones autonómicas catalanas ya no es situarse al margen de la legalidad, sino despreciarla, hacerlo a conciencia y con ostentación de su rebeldía.

Un ejemplo es la compra de urnas para el referéndum que pretende realizarse el 1 de octubre, compra que el gobierno catalán podría aprobar este martes. Ya el pasado mayo la Generalitat inició el proceso para adquirirlas pero quedó desierto. Como el Gobierno catalán dispone de competencias en procesos electorales, en esa primera intentona pretextó que las adquiriría para todo tipo de procesos electorales, tanto para elecciones autonómicas como consultas populares municipales y otras varias. Ahora se prescinde de ese vergonzoso pretexto y se opta por otro no menos vergonzoso: imputar el gasto a imprevistos.

Así visto la compra sería legal, lo que no quita para que incurra en fraude de ley: bajo esa finalidad objetivamente lícita –un pretexto– no hay que ser un lince para deducir una finalidad, un objetivo real ilícito porque la realidad es la de un acto directo de preparación del referéndum. El fraude por evidente entra ya en lo grosero: como no puede solicitarse del Estado el material electoral necesario para la convocatoria ni hacer, por tanto, una oferta pública de contratación ya que el Tribunal Constitucional ha suspendido las partidas presupuestarias destinadas a cubrir los gastos del referéndum, se echa mano del programa de «imprevistos».

Las posibilidades de reacción frente a tal acto son variadas. La fiscalía interpuso una querella por prevaricación, desobediencia y malversación cuando inició los trámites de ese concurso para comprar las urnas que finalmente quedó desierto. En ese caso la Fiscalía General del Estado justificó la querella contra la consejera de Gobernación y contra el secretario general de esa consejería porque vio en ese anuncio de licitación «una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista», en contra de los mandatos expresos del Tribunal Constitucional. Ahora se repite la historia sólo que la consejería es otra y el concepto presupuestario es otro, por lo que cabe deducir nuevas querellas y que el Tribunal Constitucional anule esa decisión. Aparte de seguir ahondando en las responsabilidades penales ya planteadas y denunciadas y, además, multiplicarlas tanto por el número de delitos como por autores, el Tribunal Constitucional seguirá haciendo valer sus decisiones. En este sentido en sus resoluciones insiste en que procede impedir cualquier iniciativa que impulse el proceso secesionista, uno de cuyos hitos es el referéndum y sus actos de preparación. Por tanto, a la vía penal cabe y a la que se siga por el Tribunal Constitucional cabe añadir, además, que el incumplimiento de sus órdenes incrementaría la gravedad y número de delitos y lo que de estos cuelga: nulidad de esos contratos, y de ahí pasar más adelante a la responsabilidad contable –personal– por los gastos ilícitos que lleva aparejado y que, antes, un interventor responsable no podría respaldar salvo que incurriese en una grave dejación de obligaciones. Un ejemplo de esa responsabilidad contable son las cuentas que ya se están ajustando con los responsables de los gastos derivados por la consulta del 9 de noviembre.