Rivera consuma el giro a la izquierda

Pedro Sánchez y Albert Rivera rubricaron ayer el «sí, quiero» de gobernabilidad en la sala Constitucional del Congreso, un compromiso «sin fecha de caducidad» que facilita las opciones del candidato socialista para superar la investidura de la próxima semana. En la escenografía, un mensaje implícito a Podemos y al PP: la capacidad –cesiones mediante– de lograr la convergencia de dos ideologías dispares por el «interés común» y la gobernabilidad. Esa convergencia ha supuesto, sin embargo, la pérdida de la identidad y de algunas de las banderas que tanto unos como otros defendieron durante la campaña electoral: ni rastro del contrato único o de la reforma laboral que tan irrenunciables se antojaban en otro tiempo.

Sánchez definió el acuerdo como «histórico». Curioso calificativo si tenemos en cuenta que la última vez que lo utilizó fue para describirsus 90 diputados tras las elecciones, un diagnóstico que le valió la reprobación interna de su partido por considerarlo escaso e insuficiente, igual que la suma de PSOE y C’s de cara a la investidura. El líder socialista se ha afanado en amarrar un acuerdo que poder elevar a sus bases y que le permitiera presionar a Podemos en sus negociaciones, logrando el efecto contrario. Las bases se oponen al mismo y Podemos rompió ayer las negociaciones. Para lograrlo Sánchez tuvo que renunciar a su «impulso derogador», nada queda ya de la vehemencia con la que se comprometió a suprimir la Lomce, la reforma laboral y la Ley de Seguridad Ciudadana del PP. En Educación, se paralizarán «todos aquellos aspectos que no han entrado en vigor» de la «ley Wert», pero aquellos que están vigentes seguirán funcionando hasta que se logre el consenso para cambiarlos. Tampoco la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana será tal. El acuerdo sólo habla de «revisar los preceptos que han sido recurridos ante el TC» y a la reforma laboral ni siquiera se refieren en el apartado dedicado al empleo, aunque fuentes del PSOE aseguren que se combaten los «aspectos más nocivos de la misma» en el texto.

Albert Rivera sacaba pecho por el pacto firmado con el PSOE, que denominó como «acuerdo de Gobierno» y no de investidura. Recordaba por enésima vez a Adolfo Suárez, y pedía «generosidad» para la aritmética constitucionalista; es decir, que otros grupos se adherieran –en referencia al PP–porque si no, el pacto se queda en nada. PSOE y C’s se arrogaron la paternidad del 80% del nuevo programa, a la vez aunque C’s se dejó en matices y cesiones la mitad del suyo. En la lucha contra la corrupción, bandera de la formación naranja, terminó dando un significativo paso atrás e incluso «indulta» a los investigados –antiguos imputados– del PSOE gallego: al secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. En el texto se comprometen a cesar y pedir su acta a altos cargos que «a partir de la fecha de este acuerdo pasen a la situación de investigados», pero no que lo fueran con anterioridad. Su cierre del Senado se queda en reformarlo como cámara de representación territorial, renuncia a su contrato único, que pasa a ser de tres tipos, y suprime las diputaciones provinciales, no las forales.