Los 377 crímenes sin esclarecer de ETA llegan a las Naciones Unidas

El relator para «ejecuciones extrajudiciales» tiene ya toda la documentación para empezar el proces. Dignidad y Justicia ha remitido más de 1.600 folios con la información de todos los casos. Casi la mitad de los crímenes de la banda no han sido esclarecidos

Desde 1960 hasta 2003, 377 asesinatos de la banda terrorista ETA sin esclarecer; 377 víctimas que no han obtenido justicia ni reparación; cientos de familias que todavía no conocen quién o quiénes dispararon en la nuca, colocaron el coche-bomba o emplearon cualquier otro método para acabar con la vida de sus hijos, maridos, padres o hermanos. Son 377 casos de asesinatos perpetrados por los terroristas etarras que no han sido esclarecidos por la Justicia, que permanecen en la sombra, ocultos para el Estado de Derecho.

La cifra en sí es más que significativa, pero todavía lo es más el porcentaje: prácticamente uno de cada dos asesinatos perpetrados por ETA no se ha esclarecido. En concreto, el 43,9 por ciento. Desde el año 2003, en cambio, las Fuerzas de Seguridad y la Justicia han permitido detener, juzgar y condenar a quienes segaron vidas por el simple hecho de ser militar, pertenecer a un partido «españolista», o, simplemente, ser considerado «enemigo del pueblo vasco».

Ahora, por primera vez en la historia, esta realidad, triste realidad, ha llegado ni más ni menos que a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el Relator Especial de Naciones Unidas para las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias ya tiene en su poder más de 1.600 folios, con una ficha pormenorizada de cada una de esas víctimas, de todo lo que rodeó al atentado en cuestión, testigos, y de cómo no se ha esclarecido todo lo relacionado con el mismo. En ese dosier se incluyen tanto los casos respecto a los que no hay dato alguno sobre los participantes en los atentados, como aquellos en los que sólo se ha podido juzgar a algunos, pero no a todos los que tuvieron responsabilidad.

Ha sido la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), presidida por Daniel Portero, y con el asesoramiento jurídico del experto en Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias, la que ha puesto en conocimiento de la ONU esta dramática realidad; organismo internacional al que la semana pasada se remitieron los últimos 60 casos, que afectan a atentados terroristas cometidos con anterioridad a 1977, y que ahora conoce de primera mano la situación de esos centenares de familias.

Fue el pasado mes de enero cuando la asociación citada envió a Naciones Unidas los primeros 48 casos en esa situación, las fichas de esos 48 asesinatos sin esclarecer, correspondientes todos al año 1979, así como la situación de las familias.

Junto a ello, Rodríguez Arias remitía una carta en la que le instaba a «emprender cualquier acción que considerara relevante para ayudar a las familias de las víctimas», las cuales, añadía, esperan desde hace años «la verdad, la justicia y la reparación». Además, pedía que reclamara al Gobierno español información sobre la situación de todos los asesinatos etarras sin esclarecer, a la vez que se le invitaba a visitar España para analizar esa situación y formular recomendaciones al Gobierno español y, finalmente, presentar un informe al Consejo de Derechos Humanos respecto a todos los asesinatos sin esclarecer. Ha sido un trabajo realizado por Dignidad y Justicia durante largos meses y con sus propios medios, «analizado caso por caso».

«Algo histórico»

Ahora, la ONU iniciará los trámites previstos para las denuncias relacionadas con este tipo de hechos, y que son competencias del citado Relator, que pueden concluir con una resolución institucional del Consejo de Derechos Humanos, previsiblemente el próximo mes de septiembre; una resolución que Dignidad y Justicia confía en que sea el «punto determinante para desbloquear estos casos».

Para Daniel Portero, presidente de DyJ, la relevancia de esta actuación es que «de alguna forma, por primera vez en la historia, la ONU puede investigar estos centenares de asesinatos etarras sin esclarecer, que representan casi el 50 por ciento de los cometidos entre 1960 y 2003». En esta línea, considera «algo histórico» que se implique Naciones Unidas para esclarecer muchos crímenes de ETA y que abra una investigación sobre desapariciones y secuestros forzosos, asesinatos y asimilando a esa banda terrorista a un grupo genocida».

Lo importante, añade al respecto, es que Naciones Unidas diga que ETA cometió crímenes de lesa humanidad, y que las familias que todavía no conocen quienes asesinaron a sus seres queridos, tengan esperanzas de que podrán obtener «verdad, justicia y reparación», y todo ello, «con independencia de que los hechos pudiesen estar ya prescritos».

Las víctimas del terrorismo también han llevado su lucha contra la impunidad de ETA a la Audiencia Nacional, que ya investiga a la banda terrorista por crímenes de lesa humanidad. Concretamente, el juez Javier Gómez Bermúdez abrió un procedimiento el pasado año tras una denuncia de DyJ. En este caso también habrá que dilucidar si algunos de los hechos denunciados han prescrito o no, puesto que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad se introdujo en la reforma del Código Penal del año 1995.

Así son los trámites que sigue la ONU

Una vez que el relator ha recibido toda la documentación y comprueba que el actor es «creíble» –lo que sucede en este caso al tratar se de una asociación declarada de utilidad pública– examina toda la documentación, recopilada en siete tomos, e informa «de forma confidencial» al Estado afectado, en este caso España. En este tipo de procedimientos no hay ninguna resolución que admita a trámite la causa, ya que la tramitación es completamente distinta a la de una de naturaleza judicial.

El plazo que se otorga al Estado es de unos dos meses, para que éste pueda realizar las indagaciones correspondientes e informe posteriormente de los resultados obtenidos y de la situación de esos asesinatos sin resolver. Con todo ello, el relator presenta su propuesta, que se debatirá en el Consejo de Derechos Humanos. Lo habitual es que, tras ese trámite, se acabe con una declaración institucional sobre esos 377 crímenes etarras sin aclarar y una condena sobre la actividad terrorista ETA.

En cuanto a los efectos prácticos que puede tener que la ONU conozca estos hechos y pueda adoptar alguna resolución al respecto, desde Dignidad y Justicia se pone especial énfasis en lo relevante que sería que se dejase claro por parte de un organismo internacional como Naciones Unidas, tras abrir una investigación a nivel internacional, que ETA no colabora en que las víctimas puedan conocer todo lo relacionado con las muertes de sus allegados, que no busca una paz completa, pues ésta debe llevar a conocer la verdad, y que las familias deben obtener la correspondiente justicia y reparación, y que todo ello quede visible a nivel mundial».

Documentados al detalle

Se trata de documentos exhaustivos sobre cada víctima y el ataque que le costó la vida. Las fichas que Dignidad y Justicia (DyJ) ha hecho llegar al relator de la ONU son minuciosas. En ellas aparecen los datos personales –edad en el momento del crimen, estado civil, profesión– y la información sobre el asesinato. Este apartado incluye las circunstancias en que éste tuvo lugar y las fuerzas a las que se considera responsables de los hechos. Figuran también los recursos judiciales o de otra índole iniciadas por la víctima y su familia, así como las medidas adoptadas por las autoridades. Por último, la identidad de la persona que proporciona la información.