Los abogados en Cataluña cobrarán 14 euros cada vez que usen el catalán

La Generalitat pone en marcha una prueba que este año tiene un presupuesto de 915.000 euros

En el año 2015, sólo el 8,4% de las sentencias judiciales dictadas en Cataluña se redactaron en catalán, un dato que según confesó el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, atestigua que el convenio para impulsar el uso del catalán en la Justicia firmado en el año 1999 ha tenido resultados «excelentes».

Fue una apreciación que irritó especialmente al conseller de Justicia de Cataluña, Carles Mundó, quien el pasado mes de noviembre instaba a los abogados a ser activos en el uso del catalán y animaba a los ciudadanos a que se quitaran «el falso miedo» de usarlo. En su opinión, su empleo no afecta a la resolución judicial, aunque admitía que «sería más fácil si el Estado fuera más sensible y el catalán fuera cooficial» realmente.

Un mes después –el 28 de diciembre de 2016–, su departamento firmaba un convenio con el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña (CICA) para fomentar el uso de la lengua catalana en la Administración de Justicia. Se trata de una prueba piloto a la que se pueden acoger voluntariamente todos los abogados que presente servicios de asistencia jurídica gratuita en Cataluña y que cuenta para este ejercicio con un presupuesto de 915.000 euros. Los letrados que decidan participar tienen que informar a sus clientes sobre el derecho a dirigirse a la Justicia en catalán. En caso de hacerlo así, la actuación del abogado de oficio conllevará la percepción de un complemento económico de 14 euros. Un estímulo para el bolsillo de los letrados que pretende servir de acicate para que se animen al uso de la lengua propia.

Los escritos en catalán deberán presentarse en el Colegio, junto con la justificación de la actuación de oficio que se haya llevado a cabo.

El Consejo de la Abogacía Catalana, que representa a los catorce colegios de abogados que existen en la comunidad autónoma, pondrá a disposición de los letrados todas las herramientas necesarias para facilitar la redacción de escritos judiciales presentados en catalán. El objetivo es potenciar el idioma ante la alarmante disminución experimentada en los últimos años. Según los datos del Departamento de Justicia de la Generalitat, en 2015 se dictaron de media únicamente un 8,4% de sentencias en catalán, lo que en cifras absolutas representa 19.375 sobre el total de las 230.877 sentencias dictadas durante ese año. Esta cifra está en progresivo descenso desde que en 2004 se llegó al récord del 20% de sentencias en catalán. Por demarcaciones, el peor dato registrado en 2015 es el del Campo de Tarragona, con un 3,6% de sentencias en catalán, mientras que el mejor porcentaje alcanzado es el de Girona, con un 16,7%.

Con esta nueva medida, los abogados podrán presentar sus diligencias, apelaciones, recursos y cualquier procedimiento en la lengua catalana.

Las cantidades a las que se tenga derecho por acogerse a esta fórmula las recibirán cada trimestre en función del número de actuaciones realizadas en catalán durante ese periodo.

Según informa el propio Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña en su página web, los letrados interesados en participar en el programa deben enviar un correo electrónico a la dirección del CICAC –serveilinguistic@cicac.cat–, manifestando que se quiere la Adhesión voluntaria al Plan Piloto de fomento de uso del catalán en la Justicia e indicando nombre, apellidos, Colegio al que pertenece y número de colegiado.